MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) defenderán mañana ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso sendas proposiciones no de ley con las que quieren instar al Gobierno a no sancionar a los emigrantes retornados que cobran una pensión de algún país extranjero que no declararon correctamente a Hacienda y facilitar fórmulas para que puedan afrontar la deuda que tienen pendiente.
Ambas iniciativas hacen referencia a la situación de miles de ciudadanos españoles que, tras trabajar durante varios años en el extranjero, ahora perciben una pensión de otros gobiernos. Cuantías que no incluyeron en su Declaración de la Renta desde el año 2008 por una mala información de la Agencia Tributaria, según alegan socialistas y nacionalistas catalanes.
Y es que desde principios del año pasado el Ministerio de Hacienda está reclamando a estos jubilados retornados declaraciones complementarias por estas cuantías, así como sanciones por el retraso en el pago, que elevan las cantidades hasta límites que los pensionistas no pueden afrontar, sobre todo en unos plazos "demasiado cortos y con intereses (de mora) añadidos".
"Es conveniente insistir en todos los ámbitos hasta que la incertidumbre creada quede definitiva y satisfactoriamente resuelta sin que los ciudadanos que de buena fe que asumen sus obligaciones fiscales se vean abocados a ser sancionados de forma injusta y desproporcionada", alega el PSOE, que recuerda que parlamentos regionales como el gallego han adoptado propuestas para solucionar este problema por unanimidad, lo que "debería ser apoyado igualmente" en el Congreso.
En el mismo sentido, el BNG subraya que los afectados por esta situación "desconocían por completo que debían declarar" esas pensiones, que en muchas ocasiones ni siquiera tributan en el país concesor, lo que deja "patente que en ningún momento hubo intencionalidad de fraude por parte de estas personas".
ELIMINAR LAS SANCIONES Y BUSCAR SOLUCIONES
Así las cosas, el principal partido de la oposición pide al Ejecutivo que regularice la situación de estos ciudadanos "sin considerarlos defraudadores fiscales", facilitándoles periodos más largos que los actuales para pagar sus deudas por lo declarado y eximiéndoles de cualquier tipo de sanción o intereses de demora. Además, reclaman que se les ofrezca "información pormenorizada y homogénea" sobre sus obligaciones tributarias.
Por su parte, el BNG exige que se anulen los expedientes sancionadores abiertos, dado el "desconocimiento absoluto" de los afectados, así como que se les informe "debidamente" sobre lo que deben hacer a partir de ahora, "obviando los ejercicios del periodo 2008-2012 para que no exista el carácter retroactivo en una cuestión en la que es evidente que no ha habido información y de la que no son responsables".
Los nacionalistas gallegos reclaman asimismo "alternativas que no pasen por sanciones" y, con la vista puesta en el medio plazo, revisar los convenios marco que España tiene con otros países como Alemania para "evitar problemas" como éste en el futuro.
