MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Real Decreto Ley de medidas antidéficit, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece una serie de medidas para garantizar la contribución de las entidades locales a la reducción del déficit público, entre ellas la prohibición de endeudarse a largo plazo desde hoy, fecha de la entrada en vigor de la norma, hasta el 31 de diciembre de 2011.
En concreto, el decreto establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
EL AHORRO EN GASTOS DE PERSONAL, A SANEAMIENTO.
La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011.
Hay que tener en cuenta que la reducción media en un 5% de los salarios de los empleados públicos (reducción que afectará tanto al salario base como a los complementos) será de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que, según el Gobierno, "supondrá un importante ahorro" para las comunidades autónomas y corporaciones locales debido al importante peso del empleo público en las mismas.
Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.
Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).
Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.
LOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO SE DISPARARON UN 13,2% EN 2009.
Los préstamos a largo plazo de los ayuntamientos se dispararon un 13,2% en 2009, hasta alcanzar los 29.762 millones de euros, lo que supone su nivel más alto desde 1995, primer año de referencia, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Estos créditos no han dejado de crecer desde 1997, pero en este último año el repunte ha sido significativo. Si se toman como referencia los años de la crisis, el crecimiento experimentado en 2007 fue del 5,8%, mientras que el repunte en 2008 fue incluso menor, del 4,7%.
La prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo afecta a la mayor parte de su deuda. Así, estos 29.762 millones de euros de préstamos a largo plazo suponen el 86% del total de la deuda de los ayuntamientos al cierre de 2009, que alcanzó los 34.594 millones de euros, el equivalente al 3,3% del PIB.
Además, los préstamos a largo plazo suponen el 92,5% del total de los créditos, mientras que el porcentaje restante corresponde a préstamos a corto plazo (2.392 millones de euros).
En este punto, cabe destacar también que, frente al incremento interanual del 13,2% de los préstamos a largo plazo en 2009, los créditos a corto descendieron un 16%.
UN TERCIO DE LA DEUDA EN LAS PRINCIPALES CAPITALES.
Por otro lado, los datos reflejan que prácticamente un tercio de la deuda total de los ayuntamientos, hasta 10.361 millones de euros, se concentra en aquellas entidades locales con más de 500.000 habitantes.
La mayor deuda se localizaba en 2009 en el Ayuntamiento de Madrid, con 6.762 millones de euros, seguido de Valencia (835 millones) y Barcelona (753 millones). A continuación, se situaron Zaragoza (752 millones), Málaga (738 millones) y Sevilla (522 millones).
