MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defenderá hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados los dos proyectos de ley elaborados por el Gobierno para regular el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya retirada piden el Partido Popular, CiU, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Estas formaciones han presentado enmiendas de totalidad a las dos normas en las que se plasmará el acuerdo para el nuevo sistema avalado el pasado mes julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del proyecto que regula el sistema de financiación y modifica determinadas normas tributarias.
Dado que la LOFCA tiene carácter orgánico, los socialistas necesitarán mayoría absoluta para reformarla, con lo que habrán de granjearse el apoyo de otros grupos para la aprobación definitiva del nuevo modelo.
Sin embargo, para salvar el debate de totalidad, únicamente se requiere sumar más votos a favor que en contra de los proyectos de ley del Gobierno lo que, en principio, no parece complicado, puesto que los partidos que piden su devolución sólo suman 166 votos y sólo el Grupo Socialista tiene 169 diputados, a los que se sumarán previsiblemente los de ERC-IU-ICV.
11.700 MILLONES MÁS.
En su discurso, Elena Salgado insistirá en que el nuevo modelo da respuesta a las necesidades de la sociedad actual y que se trata de un sistema "más estable, solidario y justo", que garantiza una aportación adicional de unos 11.700 millones de euros durante los próximos tres años, si bien estos argumentos no convencerán a 'populares', nacionalistas y la formación que lidera Rosa Díez.
Pese a que los territorios gobernados por los 'populares' se abstuvieron cuando el nuevo modelo de votó en el CPFF, el primer partido de la oposición pide la devolución del nuevo modelo al Gobierno alegando que el futuro sistema generará desigualdades entre los españoles y que no es transparente puesto que, tres meses después de su presentación, aún no se conoce qué consecuencias económicas tendrá en cada comunidad.
Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, considera que el futuro modelo es un "despropósito", consolida un "Estado residual" y se basa en una norma, el Estatuto catalán, cuya constitucionalidad aún no ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.
RECURSOS ADICIONALES.
La nueva financiación, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año y de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales por más de 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.
El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.
El nuevo modelo garantiza además la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En concreto, esta "bolsa común" contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.
