23 de agosto de 2019
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  • 29 de junio de 2014

    El Tribunal de Cuentas, dispuesto a investigar si hubo sobrecostes en otras líneas de AVE

    Afinará el coste de las ayudas a la banca, que inicialmente cifró en 107.914 millones

    MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

    El Tribunal de Cuentas se ha mostrado dispuesto a atender las peticiones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que el pasado martes instó al organismo a estudiar la posibilidad de que se haya incurrido en sobrecostes en otras líneas del AVE diferentes de la Madrid-Barcelona y que analice la contratación realizada por Adif entre 2011 y 2013.

    "Por supuesto estamos abiertos a atender las peticiones de la Comisión", señaló el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en una entrevista a Europa Press, tras explicar que tradicionalmente el Tribunal ha hecho informes sobre la gestión de infraestructuras ferroviarias.

    Álvarez de Miranda se mostró dispuesto a hacer esta investigación siempre que se incluya en el programa de fiscalizaciones y aprovechó para defender el esfuerzo que está haciendo el Tribunal para mejorar su labor. En concreto, recordó que en 2013 se incrementó un 50% la labor de fiscalización, con 59 informes aprobados y lo mismo en ámbito de sección de enjuiciamiento.

    "Además, hemos recuperado el tiempo perdido en la fiscalización de partidos políticos e iniciado los trámites para la aplicación de procedimiento sancionador que la ley prevé", señaló Álvarez de Miranda, tras recordar, además, que todo esto se ha conseguido con un personal menor, que se ha esforzado mucho para elevar su rendimiento.

    En este sentido, el presidente del Tribunal denunció la falta de personal para cumplir con determinados cometidos como la fiscalización de partidos, que requeriría más gente para evitar retrasos. Hasta ahora, se está supliendo la falta de personal con la adscripción temporal de funcionarios de otros destinos, aunque el problema se empezará a solucionar con las futuras ofertas públicas de empleo.

    "Esperamos que a final de estos ejercicios estemos totalmente en disposición de abordar estas tareas sin ningún tipo de retrasos", indicó Álvarez de Miranda, tras asegurar que la adscripción temporal es una medida "coyuntural e insuficiente" que sólo está permitiendo al Tribunal "salir del bache".

    Pese a la falta de personal, aseguró que en el último Pleno del Tribunal se aprobaron dos procedimientos sancionadores a partidos políticos derivados de informes de 2009, 2010 y 2011 y que en el Pleno de junio se valorará la apertura de otros procedimientos sancionadores.

    En ese mismo Pleno se aprobarán unos ocho informes, entre los que figura el de la contabilidad de los partidos en el año 2012, uno de la Universidad a Distancia (UNED) y otro de Seguridad Social. En total, el Tribunal tiene un programa de fiscalizaciones en marcha de más de 90 informes. El objetivo, según Álvarez de Miranda, es acabar el año aprobando un volumen de informes cercano al de 2013, lo implicaría unos 60 informes.

    EL COSTE TOTAL DE LAS AYUDAS TARDARÁ EN DETERMINARSE

    Preguntado por si el Tribunal hará un nuevo informe sobre las ayudas que ha recibido la banca durante la crisis económica, Álvarez de Miranda advirtió de que el coste global del rescate tardará tiempo en determinarse "de forma precisa", puesto que los calendarios de ayudas financieras están establecidos para los próximos 4, 5 y 6 años.

    Sin embargo, admitió que se podría hacer una mejor aproximación del coste que la de abril, cuando se cifró en 107.914 millones de euros los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración de entidades financieras, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2012.

    Dicha cifra es superior en un 75% a la de los 61.400 millones anunciada por el Banco de España, porque el Tribunal de Cuentas decidió contabilizar otras partidas adicionales como son los Esquemas de Protección de Activos (EPA) concedidos al Banco Sabadell por la absorción de Caja de Ahorros del Mediterráneo o a CaixaBank por el Banco de Valencia, entre otros. Los EPA suman 28.666 millones.

    Asimismo, tiene en cuenta, por ejemplo, las líneas de crédito comprometidas por valor de 16.300 millones o el coste del informe de Oliver Wyman que alcanzó los 37,9 millones de euros.

    El Tribunal de Cuentas señalaba también en su informe que el principal receptor de recursos públicos no ha sido Bankia, sino la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que totaliza 24.861 millones, frente a los 22.426 del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. El tercero es el Banco de Valencia con 17.868 millones.

    PIDE MÁS COMPETENCIAS PARA MEJORAR LAS INVESTIGACIONES

    Preguntado por si echa de menos más poder sancionador, Álvarez de Miranda aseguró que el Tribunal trabaja con los poderes que tiene y consideró que la falta de competencias no puede ser excusa para no cumplir sus funciones.

    Sin embargo, reconoció que el trabajo podría desarrollarse de forma "más completa y con mejores resultados" si los medios fueran mejores, y se mostró partidario de dar al Tribunal de Cuentas competencias para poder obtener la colaboración de terceros en las investigaciones que se llevan a cabo.

    Estas colaboraciones, según explicó, son muy "necesarias" para llegar a conclusiones "verdaderamente sólidas", puesto que se colaboraría con organismos relacionados con el órgano fiscalizado, como proveedores, acreedores o el propio Ministerio de Hacienda o la Seguridad Social.