Exige al Gobierno que regule por ley esta renta para evitar situaciones de incompatibilidad y posibles fraudes
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto, a instancias de la Fiscalía, un procedimiento para investigar indicios de responsabilidad contable por cantidades indebidamente pagadas en 2005 detectadas en la gestión del programa de renta activa de inserción, dirigida a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad de encontrar empleo.
Según reveló el presidente de este organismo, Manuel Núñez, el Servicio Público de Empleo Estatal ha reconocido en sus alegaciones que al menos 72 beneficiarios de este programa percibieron indebidamente la prestación y que ya había iniciado el procedimiento de reintegro relativo a 56 beneficiarios de renta activa de inserción percibida indebidamente.
El informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, que fue presentado la pasada semana en la Comisión Mixta (Congreso-Senado), pretendía determinar la efectividad del procedimiento de gestión del programa de renta activa de inserción, dirigida a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
En su informe, relativo al año 2005, la institución indica que entre la información sobre reintegros de pagos indebidos facilitada por el Servicio Público de Empleo estatal (antiguo Inem) y la remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social existe una diferencia de casi cuatro millones de euros, lo que denota, a juicio del organismo fiscalizador, una falta de control adecuado por parte del primero.
DEFICIENCIAS DE COORDINACIÓN.
Núñez denunció las deficiencias en la coordinación y el cruce de información entre los servicios públicos de empleo a nivel estatal y los órganos competentes de las comunidades autónomas, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con los ingresos procedentes de las rentas mínimas, salarios sociales y similares.
La entidad fiscalizadora asegura que debido a la falta de integración, tanto de la renta activa de inserción como de las concedidas por las comunidades, en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, éste no puede dar cumplimiento a su verdadera función de permitir una gestión más eficaz de los recursos públicos.
Por este motivo, el Tribunal recomienda al Gobierno que modifique la actual normativa reguladora del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, estableciendo la obligatoriedad de comunicar al mismo la concesión de la prestación económica de renta activa de inserción, para evitar situaciones de incompatibilidad y posibles fraudes.
"ESCASA EFICACIA" DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN.
En este sentido, reclama que se regule por ley dicha renta, al tratarse de una prestación económica del sistema de la Seguridad Social, para dotar así de mayor estabilidad al mismo y establecer así un "régimen oportuno" de coordinación de compatibilidades entre esta ayudas y otras análogas concedidas por las comunidades autónomas.
Por último, el Tribunal constata en su informe la "escasa eficacia" de las políticas de empleo pasivas en el marco del programa de renta activa de inserción a lo largo de 2005 (periodo en el que centra su estudio), cuando sólo el 26% de los de los beneficiarios de estas ayudas suscribieron un contrato laboral.
