MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Economistas (CGE) ha trasladado una serie de propuestas a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril que pasan por reorganizar la tributación de la riqueza y revisar los tributos ligados a la financiación autonómica, así como reforzar las inversiones en I+D+i y en infraestructuras y promulgar una Ley de Auditoría del Sector Público.
Estos son algunos de los planteamientos recogidos en el documento 'Por un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible', que recoge las propuestas de los economistas con el fin de ser incluidas en los programas electorales.
El presidente del CGE, Valentín Pich, ha señalado que en España hay problemas ante los que la diagnosis realizada por la mayoría de expertos y técnicos de los partidos resulta coincidente, como las pensiones o la financiación autonómica, conviniendo todos ellos en la necesidad de reformas, y sobre los que "deberían pronunciarse enunciando de forma clara qué políticas van a llevar a cabo para su resolución".
Según Pich, "en un contexto de cierta desaceleración, con un déficit excesivo y una deuda desaforada, la política no debería abstraerse de esta realidad y hacer propuestas concretas de carácter económico". En este sentido, echa en falta "en general" programas económicos "con cierta profundidad técnica".
En materia fiscal, los economistas consideran necesario reorganizar la tributación de la riqueza, decidir la permanencia o supresión del Impuesto sobre Patrimonio, el papel de Sucesiones y Donaciones, y otros gravámenes relacionados, como el IBI o la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF; revisar de manera global los tributos ligados a la financiación autonómica; reflexionar sobre la tributación medioambiental, y mejorar los incentivos fiscales en I+D+i.
En cuanto al IRPF, entienden que debería simplificarse; y con respecto al Impuesto sobre Sociedades creen que sería conveniente volver a acercar los pagos fraccionados a la tributación anual final para que las empresas no adelanten impuesto sistemáticamente.
También creen que se debe solucionar el problema de las valoraciones, sobre todo de bienes inmuebles y, principalmente, en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y en el de Transmisiones Patrimoniales, que están en la raíz de un porcentaje "importantísimo" de la litigiosidad tributaria.
ACUERDO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURAS
Asimismo, el CGE ve necesario reforzar las inversiones en I+D+i y en infraestructuras, y, en cuanto a la financiación de estas últimas, intentar alcanzar un acuerdo institucional entre los partidos políticos.
En cuanto a sectores estratégicos para el desarrollo económico, los economistas abogan por introducir cambios en el modelo de turismo, especialmente en aquellos factores nuevos ligados a la digitalización y al boom del turismo 'low cost', en las que, a su juicio, el Estado debería marcar las reglas del juego, especialmente en cuanto a los alquileres turísticos.
En cuanto al área de la economía y la justicia, los economistas ven necesario introducir mejoras en los procedimientos concursales y preconcursales, reduciendo formalidades, limitando los privilegios del crédito público (Hacienda y Seguridad Social) y garantizando la fluidez de dichos procedimientos, al objeto de evitar que muchas empresas insolventes pero viables acaben en liquidación.
De igual forma, consideran que debería incluirse en esta materia un capítulo específico para micropymes y pequeñas empresas, sí como facilitar la segunda oportunidad, especialmente para impulsar el emprendimiento.
LEY DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO
En el ámbito de Justicia, los economistas también estiman que debería promocionarse y potenciarse la mediación y el arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos, así como las periciales económicas.
Por último, consideran "imprescindible" que el desarrollo digital de la Justicia se realice de forma coordinada y con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas.
En relación al ámbito de la auditoría y la contabilidad, la principal propuesta es que se promulgue una Ley de Auditoría del Sector Público, y que se regule la actividad profesional del contable en España, al igual que en muchos de los países de nuestro entorno.
En cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría, "deberían limarse aquellos aspectos que dificultan la igual concurrencia de todos los profesionales en el mercado", plantean los economistas a los partidos.
