MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la entrada en vigor de su plan de reactivación económica, a raíz de la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus Covid-19, que estará implantado hasta el 31 de diciembre de este año.
El mandatario ha especificado las diferentes medidas, establecidas a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, que el país azteca tomará para paliar el impacto de la propagación del brote vírico en la región. En concreto, López Obrador ha asegurado que ningún trabajador público será despedido y tampoco se realizarán incrementos de personal.
"No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25%, de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores", ha explicado.
De igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán 'aguinaldos' ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica desde el puesto de subdirector hasta el de presidente de la República.
López Obrador también ha señalado que no se ejercerá el 75% de supuesto disponible de las partidas de servicios generales materiales y suministros, se cancelan diez subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango e ingresos a quienes dejen dichos cargos.
El país extenderá la suspensión de labores con disfrute de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación hasta el 1 de agosto por la situación actual del coronavirus Covid-19. Asimismo, el mandatario ha afirmado que deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan directamente al público y aquellas "esenciales para el beneficio de la gente".
Respecto al último recorte de los tipos de interés realizado por el Banco de México, López Obrador ha asegurado respetar la decisión, ya que ayuda en una situación como la actual abaratando el crédito, pero ha apuntado que se debe "tener cuidado" con las reservas de la nación.
"Respetamos las decisiones que toman, creo que el reducir los tipos de interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito, en general. En lo que debemos tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México, que son las reservas de la nación, ahí sí no son del Banco de México, son las reservas de la nación. Cuidar ese tesoro, para decirlo con claridad y no disponer de esos recursos sin necesidad, tiene que justificarse muy bien", ha afirmado.
López Obrador ha asegurado que el Gobierno o está pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna otra institución financiera, porque el país podrá enfrentarse a la crisis sin endeudarse y sin perder reservas del Banco de México.
Por otra parte, el presidente ha pospuesto los proyectos y programas prioritarios a excepción de algunos como la construcción del Tren Maya, las tandas del bienestar, la pensión para el bienestar de adultos mayores, la construcción de la refinería de Dos Bocas o la construcción de 100 universidades públicas.
La norma establece que no se podrán utilizar, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdos de decreto ejecutivo. "Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622.556 millones de pesos (23.562 millones de euros)", ha añadido.
Al mismo tiempo, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. El mandatario azteca también ha mencionado que se crearán dos millones de nuevos empleos, lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias.
La Secretaría de Hacienda en un plazo no mayor de 180 días llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestario que en su caso se requieran.
