MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha remitido al PSOE "las quejas" de Unidos Podemos por las preferentes, partido al que, según ha recordado, quiere llevar al Gobierno con la moción de censura que comienza este jueves en la Cámara Baja.
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, Escolano ha asegurado que si las normas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy hubieran estado en vigor en los prolegómenos de la crisis, "no se hubieran producido muchas de las circunstancias" denunciadas por la coalición de izquierdas.
Así, ha recordado que en 2012 se limitó el acceso de inversores minoristas a este tipo de participaciones y se modificó la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "para favorecer el control de los productos complejos", obligando a presentar a los consumidores "una expresión manuscrita de consentimiento".
"Si tiene usted esas quejas, diríjalas en prioridad al Gobierno que gobernaba entonces, con el cual están en estos momentos poniendo en tela de juicio la estabilidad económica de España y los mercados financieros", ha dicho.
En este sentido, ha calificado como "gran paradoja" que Podemos hable de "protección al consumidor, a las familias y a las inversiones" cuando la moción de censura que apoya este grupo, ha dicho, "pone en juicio la estabilidad de una de las anclas fundamentales del crecimiento de la Unión Europea".
Por otro lado, ha asegurado que otra norma que favorecerá la transparencia en el consumo de productos financieros será la trasposición de Mifid II a través de una nueva Ley de Mercado de Valores, ya que, ha asegurado, su "filosofía fundamental" es "la protección a inversores minoristas".
"NO HA HABIDO REPROCHE A LAS ENTIDADES FINANCIERAS"
Escolano respondía así al interés del diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, que ha reclamado al Gobierno medidas para controlar la comercialización de preferentes, tras el archivo judicial de la causa separada dedicada a esta comercialización, dentro de la investigación del 'caso Bankia'.
Según ha asegurado Mayoral en su intervención, la Fiscalía Anticorrupción apuntó en 2001 que la emisión de este producto "podía ser una herramienta de elusión fiscal", dado que se creaban sociedades en paraísos fiscales para su emisión, pese a lo cual "en 2003 se decidió dar carpetazo y, lejos de perseguirlo, se autorizó su emisión en España".
Asimismo, ha criticado que aunque en 2009 estas se dejaron de emitir, sí que "se siguieron colocando" para "buscar la liquidez de los grandes inversores a costa de la gente trabajadora", lo que le ha llevado a asegurar que "el Estado incumplió su obligación de proteger a los más débiles".
Por último, el diputado de Podemos ha lamentado que "no haya existido un reproche a las entidades financieras", a las que se aplicaron "multas irrisorias" --"45 millones cuando hablamos de miles de millones defraudados", ha dicho--, y ha instado a "reconocer cuanto antes el daño causado".
