MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) - El déficit conjunto de las administraciones públicas se situó en el 5,16% del PIB al cierre de 2015, lo que supone alrededor de un punto porcentual más que el objetivo comprometido con Bruselas, que era del 4,2%. Esta cifra equivale a unos 10.000 millones de euros y obligaría a realizar un ajuste de 24.000 millones de euros a lo largo de 2016 para poder cumplir con el objetivo del 2,8% previsto para este año, todo ello en un contexto de incertidumbre política. La desviación es consecuencia del incumplimiento por parte de las comunidades autónomas, que partían de un objetivo de déficit del 0,7% y que finalmente han cerrado el ejercicio en el 1,66% del PIB. Además, la Seguridad Social ha registrado un déficit del 1,26% en 2015, casi siete décimas por encima del 0,6% previsto. Estas desviaciones solo han sido en parte compensadas por el cumplimiento por parte del Estado, que registró un déficit del 2,7% del PIB, frente al 2,9% comprometido, y por los ayuntamientos, que alcanzaron un superávit del 0,44%, frente al equilibrio previsto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado en rueda de prensa que se trata de "una nueva reducción del déficit", puesto que ha pasado del 5,79% del PIB en 2014 al 5,16%, pero ha lamentado que es "insuficiente" para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. Montoro ha señalado, no obstante, que tras la desviación del déficit de las administraciones públicas se encuentran una serie de operaciones no recurrentes, que no se van a producir en 2016 y que habrían distorsionado las cifras del pasado ejercicio. Concretamente, ha indicado que descontando estas operaciones, el saldo negativo se situaría en el 4,8% del PIB. Asimismo, el ministro de Hacienda ha señalado que si se descuenta la ayuda financiera, que asciende a 800 millones de euros, el déficit de las administraciones se reduciría un 0,08% adicional. Con todo, estas forma de contabilizar el déficit no evitaría una desviación de alrededor de medio punto porcentual. Más en detalle, Montoro ha señalado que entre las operaciones no recurrentes más destacadas se encuentran los 1.090 millones de euros destinados a financiar el tratamiento de Hepatitis C para 50.000 personas. Al respecto, el ministro de Hacienda ha indicado que "la corrección del déficit no significa obviar las necesidades sociales más urgentes y ni dejar de destinar la dotación que haga falta". Otro de estos gastos atípicos, ha dicho Montoro, ha sido el imputado a las cuentas de Cataluña en 2015 por decisión de Eurostat, que alcanza los 1.300 millones de euros y que se había contabilizado en el saldo de 2014. Hechas estas precisiones, el ministro de Hacienda ha explicado las cifras de déficit de cada administración. En primer lugar se ha referido al Estado Central, que se situó en el 2,68% del PIB, prácticamente la mitad que al inicio de las legislatura (5,27%), pese a que en estos años, ha recalcado, España ha atravesado una recesión, el Estado ha facilitado la financiación de las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por importe de 3.000 millones, con tipos de interés cero, y ha devuelto la parte restante de la paga 'extra' de los funcionarios de 2012. Asimismo, Montoro se ha centrado en los ayuntamientos, de los que ha dicho que "han hecho un gran servicio", para a continuación entrar de lleno en las administraciones incumplidoras. Sobre la comunidades autónomas ha cargado el peso de las críticas, puesto que su desviación alcanza prácticamente un punto porcentual, hasta el 1,66% pese a que, según ha dicho, "El Estado ha sido el banquero" de estas administraciones. A continuación, Montoro ha comentado que el déficit en el que ha incurrido la Seguridad Social procede de la necesidad de financiar las pensiones. Y es que el saldo del sistema de Seguridad Social y Mutuas cerró el año 2015 con un déficit del 1,71% del PIB, por la "voluntad política" del Gobierno de no recortar las pensiones, que no se ha visto compensado completamente con un superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del 0,47% del PIB, por el descenso del gasto en desempleo. "Afortunadamente cada vez menos gente pierde su empleo", ha añadido. En lo que se refiere a la Seguridad Social, Montoro se ha mostrado partidario de revisar las formas de financiación de esta administración en el Pacto de Toledo porque "las cotizaciones no son suficientes". Y es que, los ingresos por cotizaciones aumentaron un 1,75% en 2015, lejos del 6,8% presupuestado. En este sentido, Montoro se ha referido a la necesidad de buscar "alternativas" para que además no todo el peso de los ingresos recaigan sobre el factor trabajo, a través de las cotizaciones, y lo desincentive. Por otro lado, los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda incluyen un balance de gastos e ingresos, que, según Montoro, reflejan que la reducción de impuestos como la del IRPF no ha tenido un efecto negativo en los segundos. Concretamente, ha recalcado que los ingresos tributarios totales han subido un 5% en 2015. No obstante, los datos facilitados por Hacienda reflejan una caída de la recaudación por IRPF del 0,4% respecto a 2015, hasta los 72.346 millones de euros. Al respecto, Montoro ha indicado que "apenas se ha perdido recaudación" y que la liquidación por IRPF se encuentra en niveles similares a los de 2007, antes de la crisis. Por otro lado, el ministro de Hacienda ha admitido que aún queda camino por recorrer en el caso de los ingresos por recaudación del Impuesto de Sociedades, que alcanzó los 20.649 millones de euros, un 10,3% más que en 2014, pero que está lejos de los 44.823 millones de euros recaudados en 2007. En el capítulo de tributos, Montoro también ha señalado que la recaudación por impuestos directos ha aumentado por la buena marcha de la demanda doméstica y el consumo - la recaudación por IVA aumentó un 7,4% en 2015-- . Concretamente, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha insistido en que esta mejora se debe a una mayor liquidez en manos de los hogares por la rebaja del IRPF. Por el lado de los gastos, éstos se incrementaron un 0,45%, hasta los 468.056 millones de euros, durante el pasado año. Del total, el 40% correspondió al gasto en protección social, una partida que se incrementado en un 35,2% desde 2007.
