BRUSELAS, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a las nuevas reglas para establecer una nueva metodología de cálculo con la que detectar y corregir las distorsiones en el mercado comunitario por prácticas desleales, como las exportaciones de acero chino a precio por debajo de mercado.
Se trata de reforzar los mecanismos de defensa comercial de que dispone la Unión Europea para hacer frente a la competencia desleal del exterior, para lo que se introducen novedades como medir el impacto social y medioambiental de las empresas a la hora de decidir las medidas antidumping.
Además, las empresas no tendrán que presentar pruebas adicionales a los procedimientos en marcha para demostrar el perjuicio causado por sus competidores. Y en el caso de las pymes, éstas contarán con ayuda si participan en algún procedimiento.
La Comisión Europea deberá, por su parte, vigilar la situación en los países exportadores para controlar que no hay una intervención del Estado que permita a estos competidores ofrecer precios por debajo de mercado.
El nuevo método estará basado en el análisis "país por país" y "sector por sector" en caso de que se sospeche que existe dumping. La UE cree que con ello responde a sus obligaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que desde diciembre del pasado año obliga a reconocer a China como una economía de mercado y deja menos margen para medidas antidumping.
"Hoy no sólo debatimos si China es o no una economía de mercado, sino si nuestro sistema europeo puede y debe crear normas iguales para todos", ha declarado el ponente de la posición de la Eurocámara, Salvatore Cicu (PPE).
Las nuevas normas incluyen también cambios para reforzar la legislación comunitaria antisubsidios, de modo que si se detectan nuevos subsidios en el curso de una investigación estos hallazgos puedan ser tenidos en cuenta la hora de imponer la sanción final.
Para determinar si existen distorsiones en el mercado se tendrán en cuenta criterios como la influencia estatal, la generalización en el sector de empresas públicas, la discriminación a favor de las empresas nacionales y la falta de independencia del sector financiero.
El objetivo es que las nuevas normas entre en vigor a finales de año y está previsto un periodo de transición durante el cual se seguirán sometiendo a las normas actuales tanto las medidas antidumping ya adoptadas como las investigaciones en curso.
