BRUSELAS, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo de expertos de alto nivel sobre la Política de Cohesión encabezado por el excomisario de Transporte Sim Kallas, ha recomendado entre otros simplificar las normas que regulan las ayudas estructurales y los fondos de inversión europeos y dar más flexibilidad a los Estados miembro que cuentan con sistemas de control fiables.
"Necesitamos la subsidiariedad genuina, el tipo que construya confianza y permita a la Comisión permitir a los Estados miembro y las regiones cumplir estos programas e inversiones, dado que ellos son los que están más cerca de los problemas que necesitan resolverse", ha defendido el excomisario de Transporte en el informe con sus recomendaciones de cara a la reforma de la Política de Cohesión en el contexto del próximo presupuesto multianual europeo.
El excomisario ha dejado claro que "para el beneficiario, las normas más simples son las que son menores en número y preferiblemente las mismas a las que se aplican ya en sus Estados miembro, es decir, la legislación nacional". "De modo que necesitamos que las normas que vienen de Bruselas sean el mínimo requerido", ha argumentado.
Los expertos rechazan un sistema de gestión "más centralizado" de las ayudas porque entienden que serían un cambio "ni viable ni justificado" e iría "en detrimento de la eficacia y eficiencia de las inversiones" y apuesta por el modelo de la gestión compartida, "más beneficioso porque acerca a Europa a sus ciudadanos y conecta las necesidades locales y los objetivos europeos".
"El objetivo de reducir las disparidades entre varios niveles de desarrollos de regiones no podría acomodarse efectivamente con una gestión más centralizada, dado que las situaciones y necesidades regionales diferentes requiere el reconocimiento de especificidades regionales", concluyen en el informe.
Los expertos critican que las diferentes normas que existen, incluido en el ámbito de las ayudas públicas o la contratación pública, dificultan las sinergias en la utilización de diferentes fondos de la UE ya sean de la Política de Cohesión o del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o de los programas de ayudas a la innovación o las Pymes y piden que los proyectos financiados por la Política de Cohesión no reciban un trato más restrictivo que proyectos similares bajo gestión centralizada europea y haya un trato equitativo.
Por ello, defienden armonizar las normas de los diferentes fondos e instrumentos de la UE en materia de ayudas públicas, contratación pública y respecto a los métodos para reembolsar gastos para facilitar sinergias y que los beneficiarios puedan recurrir a más fuentes de financiación para un mismo proyecto, algo que por ejemplo beneficiaría sobre todo a las pequeñas empresas para acceder más fácilmente a ayudas de cohesión y del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas.
Los expertos también avisan de que se han introducido cada vez "más y más controles dobles" para impedir errores en el gasto y otros procedimientos "redundantes" incluso cuando el gasto a reembolsar ya ha sido objeto de "controles efectivos bajo las normas presupuestarias nacionales" y recomiendan considerar que los procedimientos nacionales "deben considerarse suficiente" y recurrir "en una mayor proporción" a los mismos.
Aunque se deje el grueso del control en los Estados miembro, los expertos no descartan controles "adicionales" en un Estados miembro o región "donde hay deficiencias serias" en sus sistemas de gestión y control y subrayan la importancia de la cofinanciación nacional para incentivar el gasto responsable.
Así, defienden que las normas de la UE se limiten a las prioridades de inversión estratégica y los principios relativos al gasto y que los fondos de la Unión se distribuyan a través de los mecanismos administrativos nacionales, reduciendo la labor de auditoría de la Comisión. Los Gobiernos europeos y la Comisión acordarían las reformas estructurales a realizar y los resultados concretos para proceder a los reembolsos.
Kallas ha explicado que se trata de dar "más libertad" en la toma de decisión a aquellos con "sistemas de gestión buenos" y ha insistido en la necesidad de que haya "más subsidiariedad" y un enfoque "diferenciado y más flexible".
El comisario de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger, ha asegurado que las recomendaciones de los expertos reducirán la burocracia "sin abrir la puerta a más corrupción" y ha insistido en el interés de simplificar las cosas "en el interés del ciudadano y también de la administración de los Estados miembro" para facilitar el acceso a los fondos.
Al ser preguntado si sólo se deberían beneficiar de ayudas los países que participen en la Fiscalía Europea pactada para combatir el fraude y los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, Oettinger ha dejado claro que no sería "una solución ideal" y ha recordado que la Oficina de Lucha contra el Fraude Europa (OLAF) sería "plenamente responsable" por los fondos de la UE en el caso de los países que no se sumen. Además, ha dejado claro que la Comisión tiene "plena confianza" en los sistemas judiciales nacionales con los que OLAF seguiría cooperando.
La comisaria de Política de Cohesión, Corina Cretu, ha asegurado que mantendrán su política de "cero tolerancia al fraude" y también ha asegurado que confía en los sistemas de gestión y control de las ayudas nacionales "en su mayoría", aunque les gustaría "mejorar" los errores detectados en el gasto a nivel nacional.
En todo caso ha recordado que la Comisión suspende ayudas cuando detecta "riesgo para el presupuesto de la UE" y ha evocado la "discusión" en marcha sobre las "condicionalidades" para recibir fondos de la UE como "el Estado de Derecho, la inmigración y demás".
También ha admitido la necesidad de que haya "diferenciación" entre Estados miembro pero también dentro de regiones, recordando que no se pueden aplicar las mismas normas a países que como Rumanía o Bulgaria donde la inversión pública viene sobre todo de las ayudas europeas o por ejemplo Austria, donde apenas llega al 5% aunque ha avisado de que si la diferenciación se basa únicamente en "el tamaño del sobre financiero sería un gran error".
