MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El apoderado y miembro del consejo de administración de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor, admitió hoy a preguntas del fiscal, Vicente González Mota, haber firmado cheques por valor de 8 millones de euros procedentes de las cuentas de Gescartera.
"No libré los cheques pero los firmé", aseveró el acusado antes de advertir que "nunca" pensó que estaba "mal hecho", porque en Gescartera había "auditores y control de la CNMV". El acusado negó tener conocimiento de que ese dinero salía de las cuentas de los clientes sin que qeudara constancia de ello.
La Fiscalía pide para Sierra de la Flor ocho años de cárcel por apropiación indebida cifrada en casi 300.000 euros y por falsedad documental por el escándalo financiero descubierto en 2001 que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que alcanzó los 52 millones de euros.
Sierra de la Flor explicó a preguntas de la presidenta del tribunal, Carmen González, que en Gescartera había cuatro chóferes contratados por Antonio Camacho que eran los encargados de retirar el dinero de las entidades bancarias y se lo entregaban "directamente" a Camacho, y si éste no estaba, lo depositaban en la "caja fuerte". Este dinero, declaró, estaba destinado a los clientes "directos" de Camacho.
El acusado explicó que entró en Gescartera en 1993 por la relación personal que tenía su familia con el padre del propietario, José Camacho. En 1999 pasó a ser apoderado del grupo Gescartera y en 2000 fue nombrado miembro del consejo de administración. Sierra de la Flor tenía poderes en las cuentas del Grupo Gescartera, BC Fisconsulting, Gescartera Dinero, Bolsa Consulting y BC Investment.
A preguntas del fiscal, el acusado reconoció que "probablemente" firmó los cheques de traspaso de 1,08 millones de euros que se enviaron desde las cuentas de Gescartera hasta BC Fisconsulting. Sierra de la Flor reiteró que fue él quien firmó el contrato de gestión de valores entre Gescartera y Caja Madrid Bolsa, pero que "no participó" en las negociaciones de dicho contrato.
DINERO EN EL EXTRANJERO.
"A día de hoy aún estamos esperando el fax con el dinero del extranjero", afirmó. El imputado explicó que se enteró de la situación de Gescartera el mismo día de la intervención, el 14 de junio de 2001, en la sede de la CNMV, donde también le enseñaron el documento de la sociedad Martin Investment con el que se pretendió justificar la existencia de fondos.
Sierra de la Flor explicó que fue Camacho quien le dijo, el 15 de junio, que el dinero se encontraba en el HSBC en Luxemburgo y que "lo iba a traer". Posteriormente, el día que el propietario de Gescartera fue a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional llamó a la agencia de valores para comunicar que "todo estaba arreglado" y que el dinero iba a llegar "vía fax", afirmó.
Sierra de la Flor declaró que Camacho tenía plenos poderes en Gescartera y que en el consejo de administración "nunca se hizo nada ni se enteró de nada". Al finalizar su interrogatorio, el fiscal llamó al acusado "máquina ciega de firmar cheques" lo que dio lugar a una llamda de atención por parte de la presidenta del tribunal.
El apoderado de Gescartera sólo se negó a contestar a las preguntas del abogado de Camacho, Miguel Bajo. A preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas, Sierra de la Flor explicó que conocía las operaciones "intradía" que realizaba la entidad en un solo día, así como la existencia de cuentas secretas domiciliadas en el Deutsche Bank y la existencia de clientes especiales de Camacho. Al día siguiente de la intervención, los representantes de la CNMV acudieron a Gescartera y Camacho "no se presentó", por lo que Giménez-Reyna, Sierra de la Flor y varios empreados de la agencia de valores "tuvimos que dar la cara solos", concluyó.
La primera sesión de esta tercera semana del juicio oral por el 'caso Gescartera' finalizó con el interrogatorio de Sierra de la Flor. Las sesiones se reanudarán mañana con la declaración del acusado Miguel Ángel Vicente González Mota. La Fiscalía pide para él ocho años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida.
