MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe sobre sanciones al Reino de España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y de la aplicación del Real Decreto del 5 de julio de 2013, por el que se regularon los criterios y el procedimiento para repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el año 2015.
El procedimiento previsto en el Real Decreto tiene su origen en la Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012, que estableció por primera vez en el ordenamiento jurídico español un procedimiento común para la determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea que, en principio y como responsable ante la Unión Europea, debe abonar el Estado, pero que posteriormente se pueden repercutir a otras administraciones.
Entre los tramitados en 2015 destaca el procedimiento como consecuencia de la decisión del Consejo de la UE, que impuso una multa al Reino de España por la manipulación de los datos del déficit en la Comunidad Valenciana, que fue abonada por el Reino de España. El procedimiento de repercusión concluyó con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2016 que estableció la repercusión a la Comunidad Valenciana del pago de la multa de 18,93 millones de euros.
Asimismo, contiene los procedimientos tramitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en concreto treinta procedimientos como consecuencia de cuatro decisiones de ejecución de la Comisión Europea. Estos procedimientos incluyen correcciones financieras por importe total de 45.735.342,39 euros, de los que 34.973.965,72 euros se han repercutido a los organismos pagadores de las comunidades autónomas y 10.761.376,67 euros han sido asumidos por la Administración General del Estado.
Finalmente, se relacionan los procedimientos tramitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), relativos al cierre del Programa Operativo de Fomento del Empleo, cuya tramitación concluyó con un Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de junio pasado que fijó la repercusión a varias comunidades autónomas por valor de 1.529.877,63 euros.
