Revisará beneficios fiscales, gasto hospitalario y de infraestructuras
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha acordado la toma de razón del plan de acción elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión del gasto iniciado en 2018, conocido como 'spending review', según ha informado la Autoridad Fiscal en una nota.
Para esta segunda fase se han identificado como áreas de revisión los beneficios fiscales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, los incentivos a la contratación y el gasto en infraestructuras.
El primer proyecto, centrado en la revisión de los beneficios fiscales, permitirá conocer la efectividad de los más de 23.500 millones de euros de beneficios fiscales, algo "especialmente relevante", ya que su existencia supone la disminución de los ingresos tributarios del Estado.
Los dos siguientes, centrados en el gasto hospitalario y de los incentivos a la contratación, pretenden dar continuidad a los trabajos iniciados en la primera fase y permitirán el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en estas materias.
De esta forma, se continuará con el análisis del gasto en medicamentos, abordando el gasto hospitalario, que quedó fuera de la fase anterior y, además, se comenzará con el análisis de la inversión en bienes de equipo.
El objetivo principal del proyecto es analizar la evolución del gasto sanitario público en relación a dos partidas concretas vinculadas al ámbito hospitalario: farmacia hospitalaria, que representa alrededor del 14,9% de los 41.500 millones de gasto hospitalario (unos 6.200 millones de euros), e inversiones en bienes de equipo en hospitales que representan alrededor del 1,8% del gasto hospitalario (879 millones de euros).
Por otro lado, se analizarán los beneficios a las cotizaciones, que también quedaron fuera en la primera fase en la que se analizan las políticas activas de empleo.
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
Con el último proyecto se pondrá el foco en las infraestructuras de transporte y, sobre todo, en los aspectos socioeconómicos relacionados con éstas, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de la actual red en España.
En 2017, el presupuesto total en infraestructuras ascendió a unos 4.900 millones de euros. En el ámbito de la alta velocidad se han presupuestado hasta el año pasado 72.800 millones de euros, de los que se han ejecutado unos 48.000 millones de euros, con unos 24.800 millones de euros pendientes de ejecución. Además las nuevas líneas que actualmente están en estudio supondrían unos 20.000 millones de euros adicionales.
Por otro lado, las subvenciones al transporte de residentes en territorios no peninsulares (aéreas y marítimas) en 2018 se estimaron en torno a unos 597 millones de euros (más de 15 millones de viajes subvencionados), siendo el importe total para atender las bonificaciones a residentes (aéreo) de 410,7 millones de euros en 2018 para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
De forma concreta, el importe total para atender las bonificaciones a residentes (aéreo) asciende a 410,7 millones de euros en 2018 para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
La propuesta de AIReF es evaluar la racionalidad de las inversiones en infraestructuras del transporte realizadas en España durante los últimos 25 años y ofrecer recomendaciones de mejora.
El Consejo de Ministros encargó a la AIReF esta segunda fase el pasado 14 de diciembre y dio un mes a la institución para remitir al Gobierno un Plan de Acción que recogiera el detalle de las evaluaciones a realizar para cada una de las áreas objeto de revisión identificadas.
El comité directivo de la institución aprobó dicho plan el pasado 11 de enero y lo remitió al Gobierno, cumpliendo así el plazo establecido. El Ministerio de Hacienda lo ha aprobado esta misma semana y lo ha elevado este viernes al Consejo de Ministros para su toma de razón.
Como ya ocurrió en la primera fase, el Plan de Acción se ha diseñado teniendo en cuenta los principios comunes del Eurogrupo para hacer 'spending reviews' sobre compromiso político firme y duradero, el diseño y la implementación, el seguimiento y la comunicación al público y la coherencia con la planificación presupuestaria.
