MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha remitido al Congreso un escrito en el que avala la no tramitación de las enmiendas a los Presupuestos que superen los 15 millones del Fondo de Contingencia para imprevistos ni tampoco aquellas que estén en discusión una vez que este fondo se haya agotado por la incorporación previas de enmiendas con cargo a esta partida.
Este criterio, en línea con lo expuesto por el PP y Ciudadanos en la Mesa de la Comisión de Presupuestos, podría tumbar cerca de 4.000 enmiendas presentadas por los grupos a las cuentas de 2017, que quedarían excluidas del debate y de la votación durante su trámite parlamentario.
En el escrito recibido este miércoles en la Comisión, el Gobierno advierte de que aprobar enmiendas que excedan el gasto presupuestado en el proyecto "vulnera lo aprobado por el Pleno en el debate de totalidad y supondría la aprobación de enmiendas carentes de financiación".
"En consecuencia", prosigue el Ejecutivo, "una vez aprobadas enmiendas financiadas con cargo a la sección 31 (donde se encuadra este fondo de imprevistos) que alcancen la cuantía disponible de 15 millones de euros prevista en la referida Sección, el resto de enmiendas distintas de las aprobadas no deberían tramitarse".
El criterio transmitido por el Gobierno se basa en los artículos 133.3 y 134.1 del Reglamento del Congreso. La primera de ellas, señala el Gobierno, establece que las enmiendas que supongan aumento de créditos "únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección".
PETICIÓN DE PP Y CS
El informe procede de la petición de la Mesa de la Comisión de solicitar al Gobierno "su criterio sobre la posibilidad de instrumentar las enmiendas que se presenten contra el mencionado crédito, una vez excedido dicho crédito", tal y como reza el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de este martes.
El presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, se posicionó a favor de solicitar un informe jurídico, algo rechazado por los dos votos del PP de la Mesa por considerar que "se trata de una decisión de naturaleza política". El PSOE decidió abstenerse.
