MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha descartado la aprobación de un decreto ley antes de las elecciones del próximo 28 de abril para establecer un régimen sancionador que castigue la morosidad, si bien se ha comprometido a ello en caso de continuar como ministra en la próxima legislatura.
"Es una pena no tener tiempo para aprobar estos cambios normativos, que sin duda son muy positivos", ha afirmado la ministra, ante el Pleno del Congreso, señalando que estos "deberán esperar" y que confía que haya un "acuerdo mayoritario para la próxima legislatura" al respecto.
Todo ello tras solicitar el portavoz económico del PDeCAT, Ferrán Bel, un decreto que traslade los acuerdos alcanzados en el Congreso en esta materia. En una interpelación dirigida a la ministra en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, Bel ha lamentado que, pese a lo avanzado de la ponencia, los grupos no han logrado aprobar a tiempo una proposición de ley para sancionar la morosidad.
Maroto ha destacado que "hay que reivindicar la política del diálogo y el acuerdo" y que, pese a estar "a punto", el debate en esta legislatura "ha sido otro": "Ha sido un debate de crispación, de veto, de retrasos", ha lamentado, asegurando que, en todo caso, antes de las elecciones espera poder aprobar un marco estratégico para la pyme.
Este, ha informado la ministra, incluirá la recomendación dirigida al Gobierno de aprobar un régimen sancionador, un sistema arbitral para la morosidad y códigos de buenas prácticas. Maroto confía en que el acuerdo parlamentario también contemple la posibilidad de instalar ficheros positivos de solvencia en las empresas pues cree que permitiría fomentar la competencia y la seguridad.
EL PDeCAT ARGUYE QUE HABÍA UN ACUERDO "PRÁCTICAMENTE CERRADO"
Por su parte, el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha reconocido que en la Comisión de Economía del Congreso no han estado "lo suficientemente ágiles" para tramitar a tiempo esta iniciativa legislativa, fruto de sendas propuestas de Ciudadanos en la Cámara Baja y su propia formación en el Senado.
En todo caso, ha reclamado a la ministra que considere la posibilidad de aprobar los acuerdos vía decreto, pese a que no comparte su utilización a última hora, y que estos deban ser debatidos por la Diputación Permanente, con las cámaras disueltas. "Pero es que el acuerdo está prácticamente cerrado", ha argumentado, defendiendo que los acuerdos serían "perfectamente aplicables" en un decreto ley.
Bel ha apostillado que "no se entendería que quisieran hacer reformas en la Diputación Permanente y no lo hicieran en un aspecto primordial", y ha señalado que el pasado año el período medio de morosidad aumentó en cuatro días, hasta los 81 días, cuando el plazo legal se sitúa en 60 días.
El diputado catalán ha señalado que esta circunstancia hace que las empresas pierdan competitividad, teniendo en cuenta que este período medio en Francia se sitúa en 60 días o en Alemania en 20, y que el coste financiero que provoca esta dilación en los pagos supera los mil millones de euros.
UNIDOS PODEMOS TAMBIÉN PIDE UN DECRETO DE ÚLTIMA HORA
Por su parte, Unidos Podemos también ha planteado al Gobierno este miércoles que incorpore en un decreto ley los acuerdos conseguidos en esta ponencia, y para ello ha registrado en el Congreso un escrito en el que su portavoz económico, Alberto Montero, y su portavoz de Administraciones Públicas, Auxiliadora Honorato, urgen a "poner freno a una tendencia que continúa al alza".
Así, desde esta formación aseguran que se habían alcanzado acuerdos acerca del procedimiento de arbitraje para fomentar una resolución de estos conflictos por esta vía, sobre el Observatorio de Morosidad y sobre la tipificación de infracciones y sanciones.
