El Gobierno destinará 350 millones en acciones de formación de trabajadores

Comparecencia de Magdalena Valerio en Comisión de Trabajo, Migraciones y Segurid
Ricardo Rubio - Europa Press
Publicado: miércoles, 19 diciembre 2018 18:32

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha informado este miércoles en el Congreso de que antes de acabar el año aprobará una orden ministerial para la convocatoria de 350 millones de euros en acciones formativas a nivel estatal, prioritariamente dirigidas a trabajadores ocupados.

Esta partida presupuestaria, ha explicado Valerio durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Cámara Baja, busca "compensar" una "crítica situación" provocada por la "inactividad" del anterior Gobierno al respecto, y es fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, sindicatos y patronal.

Así, ha señalado que, debido a "disfunciones" de la Ley de formación para el empleo, no se han convocado, ni en 2017 ni en 2018, planes de formación para ocupados, lo que ha provocado la quiebra de centros y entidades formativas, así como que haya territorios donde no se han llevado a cabo acciones de este tipo y ha generado inseguridad jurídica.

La titular de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha explicado que las acciones formativas se determinarán "a partir de las necesidades formativas detectadas por las estructuras sectoriales paritarias".

"LA LEY NO ESTÁ SIRVIENDO"

La ministra ha asegurado que esta ley "no está sirviendo para impulsar" el sistema de formación en el empleo, y que así se lo han comunicado los propias organizaciones empresariales y sindicales. "No es que lo diga esta ministra, que lo dice, es lo que desde el primer día me pusieron de manifiesto los agentes sociales", ha abundado.

Así, ha lamentado que esta regulación "no está dando los resultados previstos" y que "el sistema vigente está lleno de disfunciones". En su crítica a esta regulación, ha señalado que el Gobierno anterior no había impulsado siquiera las bases regulatorias ni la convocatoria de las acciones formativas, algo ya acordado "en apenas seis meses" para aprobarlo antes de acabar el año.