MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El plazo para que los ministerios remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos las propuestas de normas de contenido presupuestario termina este jueves con el fin de incluirse en el articulado del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
Así se recoge en la orden publicada el pasado mes de enero por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de 2020 que el Gobierno prevé tener aprobados "antes de que acabe el verano".
Precisamente este jueves se vota también en el Congreso la nueva senda de estabilidad presupuestaria, que prevé un déficit del 1,8% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023, y el límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), que sube un 3,8%, hasta los 127.609 millones de euros.
El Gobierno confía en poder sacar adelante el 'techo de gasto' junto a la nueva senda, con los votos de al menos los grupos que respaldaron la investidura, lo que allanaría algo el camino de cara a la tramitación parlamentaria de las nuevas cuentas públicas, aunque no garantizaría del todo su aprobación para poder fin a los Presupuestos prorrogados de 2018.
La orden de Hacienda establece que los ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes de este jueves, 27 de febrero, y "exclusivamente por medios electrónicos", las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente.
Estas propuestas deberán ir acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.
Además, este jueves también concluye el plazo para que los centros gestores remitan a la Dirección General de Fondos Europeos una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.
IMPACTO DE GÉNERO, INFANCIA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Como novedad este año, en el marco del articulado del anteproyecto de ley de los Presupuestos, la orden fijaba que los distintos departamentos ministeriales debían elaborar un informe de impacto de género a la Secretaría de Estado de Presupuestos antes del pasado 20 de febrero, analizando el impacto de género de sus programas de gasto.
Para ello, se ha constituido grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Costes de Personal para conformar la redacción final del informe del impacto de género, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
A su vez, los departamentos remitieron a la Secretaría, también antes del 20 de febrero, un informe analizando el impacto de sus programas de gasto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y otro, con el mismo plazo, sobre la contribución de los programas de gasto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En todo caso, los centros gestores del Estado, organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo ya remitieron sus propuestas a la Dirección General de Presupuestos antes del 20 de febrero.
Los departamentos ministeriales también tuvieron que enviar informe analizando la contribución de los programas de gasto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
CRITERIOS DE PRESUPUESTACIÓN: JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTACIÓN PROGRESIVA
Entre los criterios generales de presupuestación se priorizarán los objetivos de alcanzar un sistema de "justicia social" que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, que garantice el acceso a una vivienda digna, el refuerzo de la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia, fortaleciendo la cohesión territorial mediante la inversión pública.
También se dará prioridad a la promoción de un sistema de protección social que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del "acuerdo político y el diálogo social", y la creación de empleo "digno, estable y de calidad", mediante la corrección de las "deficiencias estructurales".
En materia fiscal, remarca el desarrollo y aplicación de una "política tributaria justa y progresiva estableciendo mecanismos de redistribución de la riqueza, reforzando la lucha contra el fraude fiscal y llevando a cabo procedimientos de evaluación y control del gasto público que permitan un uso eficiente de los recursos públicos", entre otros.
Tras la subida de las pensiones del 0,9%, del 2,3% del salario de los funcionarios, del SMI a 950 euros (+5%), y una vez aprobadas las tasas 'Google' y 'Tobin', a falta de su tramitación parlamentaria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó la semana pasada que en Sociedades se fijará una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
A su vez, se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros, hasta el 47%, y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, hasta el 49%, entre otras medidas. Los Presupuestos de 2020 también incluirán la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina,
En el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios del 21% al 10% y de los productos de higiene femenina del 10% al tipo superreducido del 4% y se impulsar la inversión en I+D+i, además de marcarse la meta de situar la inversión educativa en un 5% en 2025, incrementando los recursos de becas, y una gran apuesta por la formación dual.
