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    El mandato de Soria al frente de Industria, marcado por el agujero eléctrico y las prospecciones en Canarias

    El mandato de Soria al frente de Industria, marcado por el agujero eléctrico y las prospecciones en Canarias
    EUROPA PRESS

    MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

       El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha estado marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con el departamento, por aspectos como la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico o la polémica por las prospecciones de hidrocarburos en Canarias.

       El ministro, que ha renunciado este viernes a su cargo en funciones, también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes Pive de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el 'fracking' o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC).

       En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un "viento de cola" para la economía. Además, el turismo ha registrado cifras récord durante la legislatura y se ha convertido en un ámbito en el que Soria se ha desenvuelto con mayor comodidad.

       El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada 'moratoria verde', por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa.

       También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno, en octubre de 2011, ni el PP en la primera al llegar al poder, en enero de 2012. Durante varios meses y hasta diciembre de 2012, los consumidores de luz tuvieron que abonar un 7% más por el recibo.

       Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que entre otras cosas contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados.

    LA REFORMA ENERGÉTICA.

       Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones que afectaría en buena parte a las renovables y que se materializaría a través de un nuevo esquema retributivo basado en una rentabilidad anual del 7,5%.

       Este recorte a las tecnologías 'verdes', que se sumó a otros anteriores durante la legislatura y a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pide de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián.

       En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las fuertes subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.

       Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 el escándalo de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como 'pool', alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo.

       El Gobierno suspendió la puja tras las "circunstancias atípicas" detectadas por la CNMC y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores 'inteligentes', la facturación hora a hora.

    AUTOCONSUMO Y ABENGOA.

       En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado 'impuesto al sol', por el que estos productores deben sufragar los costes regulados del sistema.

       Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.

       En cuanto a Abengoa, la decisión de Gonvarri de romper su acuerdo para entrar en el capital de la compañía precipitó el preconcurso de acreedores, en el que ya hay un acuerdo de reestructuración financiera. En este caso, el Gobierno no quiso intervenir ni inyectar dinero público.

    EL PETRÓLEO CANARIO.

       La decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central.

       La movilización popular en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción.

    OCHO PLANES PIVE.

       Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de ocho ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros.

       Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros) y en el PIMA Transporte, que, en sus dos ediciones, ha ofrecido financiación a la compra de vehículos industriales por casi 3.000 millones de euros.

       En la parte final de la legislatura, se produjo el escándalo del software de Volkswagen para manipular las pruebas de emisiones. Soria obtuvo en sus reuniones con los máximos directivos de la compañía el compromiso de que se mantendrían las inversiones en España, al tiempo que su departamento coordinó un comité de seguimiento con la empresa, los sindicatos y los representantes de la Administración.