MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cuenta "con todo el apoyo del Gobierno", y ha indicado que dará "inmediatamente" las "explicaciones oportunas" a petición propia en el Congreso tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal de 2012. Así lo ha señalado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que Montoro "ha hecho un gran trabajo en la confección y negociación de los Presupuestos" y ha indicado que "va a empezar inmediatamente la negociación del techo de gasto de 2018 y cuenta con todo el apoyo del Gobierno". "Respetamos y acatamos la sentencia, pero esa media (la amnistía fiscal) fue eficaz para evitar lo que fue una catástrofe, el rescate en España", ha indicado Méndez de Vigo, quien ha insistido en que la sentencia del TC se refiere a que la fórmula utilizada para aprobar la amnistía, el real decreto ley, "no era la adecuada", ya que debía haberse utilizado el "instrumento de la ley", pero no alude al principio de seguridad jurídica, por lo que no tendrá efecto sobre las personas acogidas a la regularización. Montoro ha hecho una intervención "no muy larga" en la reunión del Consejo de Ministros en la que ha realizado una exposición de la sentencia y ha anunciado al resto del Gobierno que había pedido comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de la misma, según ha detallado Méndez de Vigo. En todo caso, Méndez de Vigo ha insistido en que la sentencia del TC se refiere a un "vicio de forma", ya que el Gobierno podía haber presentado un proyecto de ley para aprobar la amnistía fiscal, si bien España tenía "el agua al cuello" y "no admitía esa medida una tramitación parlamentaria que durara seis meses". Así, ha defendido que la "situación excepcional" de la economía española en 2012 requería "medidas excepcionales", como la amnistía fiscal, que ha permitido aflorar 40.000 millones de euros y se acogieron 29.000 personas, que "desde entonces tributan en España" y de lo contrario "no estarían tributando". "Es una de las medias que ha contribuido a que España esté a la cabeza de los países que más crecen y más empleo crean", ha enfatizado Méndez de Vigo, quien ha recordado que en 2012 la prima de riesgo alcanzó los 670 puntos básicos, "nadie" le fiaba a las comunidades autónomas y el Gobierno de Mariano Rajoy se encontró un déficit público de 93.000 millones, en vez de los 60.000 que había comunicado el anterior Ejecutivo, y "muchas facturas impagadas" que hacía que los proveedores no cobraran. "Una situación excepcional que requirió medidas excepcionales, una de ellas la amnistía", ha recalcado. De hecho, ha señalado que el Gobierno tuvo que subir impuestos cuando "va en contra de la filosofía política del PP" porque "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente". El portavoz del Gobierno ha defendido que Montoro y el resto de ministros económicos "son los que en 2012 hicieron todo lo posible para sacar a España de una situación calamitosa, al borde del rescate y en la que nadie daba un euro por España". El Gobierno sale así al paso de las peticiones de dimisión del ministro por parte del PSOE y de Unidos Podemos, mientras que Ciudadanos ha exigido que Montoro comparezca en el Congreso para dar detalles sobre la misma. Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido también la dimisión de Montoro tras la sentencia. El Pleno Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales por presuntos delitos de corrupción como son varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso "Púnica"-, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.
