MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) - El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) ha creado una base de datos en la que se identifica a 25.185 personas con responsabilidad pública, con el fin de evitar todo tipo de delitos de corrupción, como la malversación de caudales públicos o el desvío de capitales. El Consejo General del Notariado, órgano que coordina y controla la actuación de los Colegios de notarios en España, ha presentado este jueves la nueva base de datos que registra a todas las personas con responsabilidad pública, desde la alta Jefatura del Estado a los concejales de los municipios con más de 50.000 habitantes. De todas las personas físicas que forman parte del listado, 14.641 ejercen una actividad pública, ya sea por elección o designación, mientras que los restantes 10.544 son personas allegadas a los representantes públicos, tanto familiares cercanos como aquellos que tienen un vínculo económico con ellos. Según el director del OCP, Pedro Galindo, esta base de datos "intenta concretar quién es realmente el que manda en una sociedad y toma las decisiones", en donde se incluyen asociaciones, fundaciones o partidos políticos, y "delimitar quién puede tener el carácter de testaferro para optimizar las ganancias ilegítimamente obtenidas a través de relaciones empresariales estrechas con el representante público". Esta base de datos, que es de titularidad pública, está a disposición de notarios, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad del Estado y otros sujetos obligados a prevenir y luchar contra la delincuencia económica, siempre salvaguardando la protección de datos de los identificados. "El acceso a esta base de datos está restringido físicamente y se sabe quién, por qué y cuándo se solicita la información", añadió Galindo. Esta relación de personas físicas ha sido creada gracias al Índice Único Formatizado Notarial, que contiene más de 115 millones de documentos, siendo la segunda mayor base de datos en España solo por detrás de la de Hacienda, y a la Base de Datos de Titular Real, en la que están identificados los titulares de más de 2,3 millones de sociedades y organizaciones. Ambas bases de datos, creadas a raíz de una orden del Ministerio de Economía en 2005 para prevenir los delitos financieros, han hecho que el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales haya sido elegido por la Unión Internacional del Notariado (UINL), que representa a 87 países, como "el modelo a seguir por el resto de notarios del mundo", según destacó el presidente de esta entidad, José Marqueño. En esta línea, UINL también forma parte desde el pasado noviembre de un grupo de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para "localizar y valorar los sistemas existentes en el mundo para la identificación de los titulares reales de las empresas, en el cual se ha aportado la experiencia española de la creación en 2012 de la Base de Datos de Titular Real", según destacó Marqueño.
