MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PIB español caerá un 13% este año como consecuencia del impacto de la crisis del Covid-19, al tiempo que se registrarán 500.000 nuevos parados, hasta alcanzar los 4 millones de desempleados tras la pandemia, según el catedrático de Estructura Económica, Ramón Tamames.
El análisis de Tamames señala que cuando el problema sanitario termine, la actividad se recuperará con "cierta rapidez", en unos meses y en menor tiempo que en la pasada crisis, pero no lo suficiente para evitar la recesión, el aumento del déficit y la expansión de la deuda pública.
Tamames prevé que 500.000 personas vayan al paro a corto plazo, en función de los ERTEs anunciados, y teniendo en cuenta las facilidades que el Estado ha comprometido para la pervivencia de las empresas.
Por ello, el catedrático, Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, subraya que "desde ya" el Gobierno debe preparar y aprobar Presupuestos extraordinarios para 2020, que contemplen medidas fiscales, económicas, sociales y otras que abarquen todas las vertientes que plantea la crisis del coronavirus.
A su juicio, las medidas implementadas hasta la fecha son "insuficientes" y "no están a la altura de la gravedad del problema", ya que la Comisión Europea anunció una cantidad "muy baja" de ayuda de 25.000 millones a empresas y trabajadores, aunque posteriormente se elevó al billón de euros, pero las posturas de los países de la UE "difieren mucho unas de otras".
En el caso de las medidas de España, considera que han sido hasta el momento "poco efectivas, poco operativas e insuficientes", ya que, por ejemplo, los créditos del ICO ya incluían préstamos que compensaban el cierre del touroperador Thomas Cook.
No obstante, cree que el segundo paquete de medidas, que prevé movilizar hasta 200.000 millones, sí "parece haber entrado en el fondo de la cuestión, aunque plantea algunas dudas", al no aclarar "de dónde saldrán los recursos".
El Premio Nacional de Economía y uno de los padres de la Constitución Española valora las medidas de protección por desempleo y la agilización de EREs y los ERTE, aunque cree que la cantidad de 18.000 millones inicialmente prevista en gasto en prestaciones tendrá que subir.
