MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PmcM) denuncia que la modificación de la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores en las administraciones públicas que figura en el borrador del proyecto de real decreto mantiene "trucos" que permiten que el plazo de pago se dilate más allá de los 30 días marcados por ley.
El presidente de la PmcM, Antoni Cañete, ha mostrado en declaraciones a Europa Press su desacuerdo con el borrador del real decreto porque "vuelve a mantener los trucos para engañar y las escapatorias a la tolerancia cero contra la morosidad", a pesar del compromiso de los grupos parlamentarios alcanzado a finales de abril en la Cumbre contra la Morosidad organizada por la plataforma respecto a un régimen sancionador.
Cañete ha explicado que el borrador de la norma, sometido a trámite de información pública, "distorsiona" la información sobre los plazos medios reales de pago, al determinar el inicio del periodo de cómputo como la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad de los bienes entregados.
Además, en el caso de las facturas pagadas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago formulada por el deudor, lo que en la práctica supone que el plazo de pago puede dilatarse en el tiempo.
Según la plataforma, estas circunstancias permiten presentar una información "artificiosa y engañosa" de los plazos medios de pago de las administraciones públicas, que calculados correctamente serían "notablemente superiores" a lo publicado por el Ministerio de Hacienda.
En este sentido, Cañete ha lamentado en declaraciones a Europa Press que la modificación suponga diluir en el tiempo el pago y volver a la "distorsión", por lo que la plataforma ya ha mostrado su rechazo al Gobierno, esperando que el Ministerio de Hacienda rectifique el real decreto y elabore otro que evite "volver a la situación anterior".
Así, considera que la contabilización del periodo de pago debe producirse desde que se entrega el producto o se presta el servicio, tal y como figura actualmente en la ley, y exige un régimen sancionador contra los morosos y que el pago de los intereses de demora sea de oficio.
LOS PASOS DADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
El presidente de la PmcM recuerda que en los últimos años se han abordado iniciativas encaminadas a reducir la morosidad, desde que en el año 2000 viese la luz la directiva europea que fijó en 60 días el plazo de pago y posteriormente España hiciese "mal y tarde" la ley en 2004 que fijó el límite en ese mismo umbral, salvo acuerdo de las partes, lo que generó distorsiones y en algunos sectores, como en el comercio minorista, la ley de 1995 de productos frescos permitió extender hasta los 90 días el plazo de pago cuando se abonasen intereses a cambio.
No obstante, ha valorado que en el ámbito público se haya reducido el plazo de pago a proveedores de los 166 días del año 2009 a los 72 días actuales. La plataforma detectó que desde la aprobación de la ley de transposición de la directiva europea en lo referido a las certificaciones y a la información de morosidad se estaba haciendo "incorrectamente", ya que proporcionaba los datos después de los 30 días marcados por ley, de forma que se comunica un plazo medio de pago de 42 días, en realidad son 72, ya que se obvian los primeros 30 días.
La denuncia sobre este punto interpuesta por la plataforma ante Bruselas motivó el requerimiento por parte de la Comisión Europea a España para que en un plazo de dos meses solucione esa situación.
RECTIFICACIÓN O CAMBIO LEGISLATIVO EN EL CONGRESO.
Cuando se elaboró el plan de pago a proveedores, explica Cañete, la medida "más potente" contra la morosidad que salvó "muchas empresas y empleos", se estableció que el auditor de la administración en cuestión tenía que estar al día en el registro de las facturas, de lo contrario se consideraría como una infracción muy grave, lo que motivó que viesen la luz muchas facturas "guardadas en cajones".
De hecho, el Congreso aprobó en abril una proposición no de ley del PP que urge al Gobierno a aprobar un régimen sancionador que sirva para combatir la morosidad en las operaciones comerciales y el retraso "intencionado de los pagos", y pide exigir en las licitaciones públicas que los grandes contratistas cumplan con el plazo legal de pago.
En cualquier caso, Cañete ha advertido de que los países que pagan mal son "menos viables y menos competitivos", ya que la morosidad es una de las principales causas del cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo, por lo que avisa de que si no se modifica el real decreto, podrían dilatarse los periodos de pago a proveedores y acabar a la larga en una sanción por parte de Bruselas, por lo que confía en que Hacienda rectifique o de lo contrario promoverán un cambio legislativo en el Congreso.
