MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP, el PSOE, Ciudadanos y PDeCAT han coincidido este martes en reclamar en el Pleno del Congreso la creación de un grupo de trabajo en el Gobierno para estudiar con los agentes sociales las reformas necesarias en la legislación laboral para "adecuar" estas normas a los "desafíos y efectos" que plantea "el fenómeno de las plataformas digitales".
Así consta en la enmienda transaccional a una proposición no de ley de PP que pedía "atajar", a través de la labor de la Inspección de Trabajo, "las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y el sistema de la Seguridad Social".
El texto pactado, al que ha tenido acceso Europa Press, pide al Gobierno la creación de un grupo de trabajo junto con interlocutores sociales, empresas del sector, expertos e instituciones representativas para elaborar un informe que identifique las citadas reformas en la legislación laboral. Posteriormente, este informe será remitido y debatido a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso.
Las reformas detectadas servirían, reza el acuerdo, para "adecuar la legislación laboral vigente a los desafíos y efectos que la evolución tecnológica está teniendo sobre el sistema productivo y relaciones laborales, tanto en lo que respecta a trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena, y en particular al fenómeno de las plataformas digitales".
Asimismo, también pide "mayores recursos técnicos y humanos" para la Inspección de Trabajo y actuar a través de ella "para lograr un mercado de trabajo más justo y para atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y el sistema de la Seguridad Social".
"PODEMOS ACTUAR, PERO LAS EMPRESAS SEGUIRÁN FUNCIONANDO"
Los apoyos manifestados garantizan el respaldo de la Cámara Baja a una proposición no de ley llevada al Pleno por el PP, y con la que esta formación ha reclamado "hacer frente a la revolución industrial 4.0", y a los problemas en las relaciones laborales generadas en las llamadas "empresas colaborativas" que prestan servicios a través de Internet.
Según ha defendido su diputada Celia Villalobos, adscrita a la Comisión de Empleo y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, muchas de estas empresas han ocasionado "problemas gravísimos en la protección de los trabajadores".
Así, ha denunciado que en torno a unas 350.000 "empresas 'trade'" --por la figura de autónomo económicamente dependiente, o TRADE-- mantienen una "relación laboral irregular", y que el control de la Inspección al respecto ha permitido aflorar unos 8.772 empleos irregulares a partir de 19.500 actuaciones desde 2012.
En todo caso, ha abogado por debatir y detectar "fórmulas" en el Congreso con el fin de "resolver el problema de muchos de estos empleos". "Porque por mucho que dotemos a la Inspección, podemos acabar con muchos empleos irregulares y muchos falsos autónomos, pero esas empresas van a seguir funcionando. Y si no pueden, cerrarán, y perderán el conjunto de los ciudadanos", ha esgrimido.
"¿AHORA PIDEN POTENCIAR LA INSPECCIÓN?"
Eso sí, pese a recabar el apoyo en el Congreso a su iniciativa, los 'populares' han recibido el reproche de la gran mayoría de la Cámara por llevar una proposición no de ley pidiendo más medios cuando hace menos de un mes el Gobierno de su propio grupo podía afrontar medidas de este tipo.
"Ahora piden potenciar el sistema de Inspección. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora?", se ha preguntado Sergio del Campo, de Cs, que ha dicho que en seis años, desde 2012, la plantilla ha aumentado en 19 funcionarios, hasta un total de 1.890 el pasado mes de mayo. Así, ha criticado que en España exista un inspector por cada 15.000 trabajadores, frente a una relación de 1 a 7.300 trabajadores que refleja la media de la Unión Europea.
También ha destacado los problemas de personal el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, quien ha señalado que la mayoría de los 284 nuevos inspectores y subinspectores que han aprobado sus oposiciones desde 2012 aún no se han podido incorporar a sus puestos, dada la lentitud de este proceso. Asimismo, ha pedido dotar de seguridad jurídica a estas nuevas relaciones laborales ante "sentencias contradictorias" sobre estos puestos de trabajo.
LA ECONOMÍA COLABORATIVA "ESCONDE" PRECARIEDAD
Por su parte, Rocío de Frutos, del PSOE, ha cargado contra un "abandono absoluto de la Inspección" durante el Gobierno de Mariano Rajoy, centrada de forma "casi exclusiva" en "aflorar empleo sumergido" y "abandonando actuaciones en materia de jornada, salario, estabilidad laboral o igualdad".
Por ello, ha abogado por establecer "un marco jurídico adecuado" que "se adelante a las nuevas realidades" como la de las falsas cooperativas y autónomos o las empresas multiservicios y tutelar la calidad de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en el puesto de trabajo.
"Tras esta 'economía colaborativa' y esa relación totalmente líquida y virtual entre 'iguales' se esconde un nuevo formato de empleo fuera del derecho laboral, cercenando la protección y saqueando las cotizaciones", ha criticado Alberto Rodríguez, de Unidos Podemos, que ha dado la "bienvenida" a los avances tecnológicos, pero no a relaciones que considera una "estafa" para los trabajadores.
