Los consejos de administración de las empresas deberán alcanzar una representación del 40% de mujeres en cuatro años
MADRID, 3 Mar. (OTR/PRESS) -
Hoy vio la luz una de las propuestas 'estrella' del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Garantía de Igualdad entre hombres y mujeres que permitirá avanzar en la equiparación real de sexos en España. El Gobierno, que asegura que ésta es la norma más importante para alcanzar la igualdad de sexos desde que se aprobó la Constitución, confía en que ésta suponga un impulso decisivo para la consecución de la igualdad "real y efectiva" en nuestro país. Pero no todo son parabienes para esta nueva Ley. Los empresarios han calificado de "rejón de muerte al diálogo social" el acuerdo al considerar que el Ejecutivo ha hecho caso omiso a sus propuestas.
El Gobierno aprobó hoy el anteproyecto de Ley de Igualdad, cuyo objetivo es evitar la discriminación de la mujer en distintos ambitos laborales y sociales. Cumpliendo las normas de Bruselas de legislar en materia de igualdad, el Ejecutivo español ha decidido obligar a todas las empresas españolas a sentarse a negociar planes de igualdad que tendrán su reflejo en los convenios colectivos. Además, se mejorara el permiso de paternidad que constará de ocho días más que se suman a los dos existentes, y se podrá disfrutar de jornada reducida hasta que el niño cumpla ocho años.
Otras modificaciones aceptadas por el Ministerio de Trabajo y aceptadas por los sindicatos contemplan el reconocimiento del permiso de paternidad a los trabajadores autónomos y su extensión a los casos de adopción o acogimiento de menores. Además, se mejora el acceso a determinadas prestaciones de las madres con cortos periodos de cotización a la Seguridad Social.
En el nuevo texto también se han incluido capítulos que recogen la paridad electoral en la candidaturas de los partidos políticos así como la equiparación de los hombres y de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Otro punto pactado es que la nueva ley impulsará la equiparación de los salarios que perciben hombres y mujeres, que actualmente están distanciados un 40% a favor de los primeros.
El anteproyecto también persigue la paridad en el ambito empresarial y por eso apuesta por incrementar hasta un 40% las presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas en los próximos cuatro años. La norma transpondrá también la Directiva comunitaria de 2002 sobre igualdad de trato entre hombre y mujeres, que define la discriminación directa e indirecta y el acoso sexual y acoso por razón de sexo.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto grandes esperanzas en esta nueva Ley que avanza en la igualdad de generos y que será, sin duda, uno de los estandartes de su mandato. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, asegura que el anteproyecto supone responder a la demanda de la ciudadanía y ofrecer a la mujer "el lugar que merece con una presencia equilibrada en todos los órdenes de la vida".
REJON DE MUERTE
Pero los empresarios no ven con buenos ojos este anteproyecto que, en su opinión, no ha tenido en cuenta ninguna de sus sugerencias. Por ello ya han advertido al Ejecutivo que podría suponer "un rejón de muerte al diálogo social". La patronal se opone al Anteproyecto de la Ley de Igualdad por su carácter obligatorio y su régimen sancionador para las empresas, así como por el procedimiento usado por el Gobierno para sacar adelante la norma.
Entre las principales razones para oponerse al texto la patronal alega que el borrador atribuye a las empresas una "responsabilidad que no les corresponde en exclusiva", mientras que elude "la responsabilidad de los trabajadores, de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad". Para calmar el malestar de los empresarios, la Seguridad Social se ha comprometido ha asumir el coste de la ampliación del permiso de paternidad, unos 400 millones de euros.
También se queja de que el Anteproyecto obliga a que las medidas para el fomento de la igualdad sean tomadas a través de la negociación colectiva, lo que generará, a su juicio, "tensiones y un riesgo de conflictividad". La preocupación de los empresarios es, evidentemente, monetaria. Las empresas que discriminen a sus trabajadores por razón de sexo, raza, religión o incluso edad podrían recibir una multa de hasta 90.000 euros, algo que a los empresarios les preocupa especialmente.
En este contexto la patronal acusa al Gobierno que no ha tenido en cuenta ninguna de sus sugerencias y que sólo ha entregado a los empresarios una sexta parte del borrador aprobado hoy, por lo que tiene desconocimiento del texto íntegro.
Desde el Ejecutivo se insiste en que se ha cumplido "exquisitamente" lo pactado con los agentes sociales y, especialmente con la CEOE, que pidió para esta materia un proceso de consulta y no una negociación propia del diálogo social. Para el ministro de Trabajo, la futura Ley de Igualdad es "una ley para el progreso, el avance social y la mejora de la actividad de las empresas", que se irá imponiendo sin ningún tipo de conflicto.
Caldera recordó que el Gobierno no ha impuesto un catálogo obligatorio de medidas de igualdad, sino que sólo obliga a las empresas a negociar con los sindicatos planes de igualdad, es decir, que la norma da "un papel importante a la CEOE". Por ello, Caldera se mostró convencido de que "el diálogo social no va a padecer", porque se confía en "la responsabilidad de la CEOE".
