Hasta la fecha, 140 dirigentes campesinos han sido procesados judicialmente por participar en actos de protesta contra la empresa
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Comunidades indígenas del norte de Perú, así como diferentes organizaciones sociales y ecologistas, han remitido una carta a las autoridades peruanas para que revisen la licencia concedida a la empresa minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, que pretende explotar un yacimiento de cobre y molibdeno de 7.000 hectáreas, ubicado en Río Blanco, en la región de Piura.
Según los denunciantes, el proyecto --que se encuentra en "fase de exploración"-- se ha puesto en marcha sin llevar a cabo las consultas previas oportunas, lo que constituye una violación de la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, de la Ley de Tierras, y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Perú.
Hace cinco años, la empresa minera Majaz obtuvo del Estado los derechos de la concesión minera en la alta Amazonía del país, en territorios propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba). Los denunciantes acusan a la empresa de no contar con los permisos necesarios para realizar sus actividades, que tachan de "ilegales".
La carta asegura que el proyecto "representa una grave amenaza para la agricultura y, por ende, para los Derechos Humanos". Así, la explotación tendría "un impacto negativo" en las actividades agrícolas y pecuarias, afectando a "miles de personas". Además, las actividades mineras amenazarían a especies como el tapir andino y el oso de anteojos, y a la calidad del agua del río Chinchipe y Marañon (afluentes del Amazonas).
DETENCIONES
Desde 2003, las comunidades campesinas afectadas sufren problemas de violencia, represión y violación de sus derechos "ocasionados por la empresa". Además, dos líderes campesinos -- Reemberto Herrera Racho y Melanio García González-- han muerto tras participar en varias protestas contra el proyecto. Hasta la fecha, 140 dirigentes campesinos han sido procesados judicialmente.
La carta denuncia la colaboración de las autoridades peruanas que acordonan los alrededores de Río Blanco, lo que afecta "al derecho al libre tránsito". Fruto de esta situación, el pasado mes de septiembre la empresa hizo público un comunicado en el que pedía "disculpas por los errores del pasado, intentando obtener la licencia social de las comunidades".
Sin embargo, los afectados creen que la compañía "tiene que suspender sus operaciones y retirarse de la zona", para posteriormente "solicitar la autorización de la población afectada, tal y como establece la normativa legal peruana".
Las comunidades demandan la resolución "inmediata" del caso ya que "se puede considerar el 'caso Majaz' como emblemático para el futuro de la zona norte de Perú sabiendo que existe una gran cantidad de concesiones mineras en la región".
