MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde al proyecto de Ley de atención a las personas con problemas de dependencia --algo más de un millón de personas, fundamentalmente ancianos y discapacitados--, que no pueden valerse por sí mismas para las tareas cotidianas de la vida, como lavarse, vestirse o comer. El texto será remitido ahora al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
El texto, que empezará aplicarse en 2007, contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo las formaciones nacionalistas de CiU, PNV, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, que aunque comparten los fines de la Ley, consideran que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. El PP, por su parte, ofreció su "apoyo crítico" al Gobierno y señaló que aún quedan cuestiones pendientes, como la gratuidad del servicio para los grandes dependientes.
El texto fue defendido con entusiasmo y grandes palabras por el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que felicitó a todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones. Entre ellas, destacó la creación de un nuevo derecho de ciudadanía subjetivo y perfecto, las garantías de atención de las personas que no puedan afrontar el copago y la asistencia a los menores de 3 años, emigrantes retornados, discapacitados intelectuales y personas con enfermedad mental.
La norma tendrá un desarrollo gradual, hasta 2015 y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. El futuro sistema incluirá prestaciones --atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día, residencias-- y prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios privados. Además, recoge la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.
Según la memoria económica, la Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios básicos del sistema. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberán aportar una cantidad similar.
En este ámbito, el Estado y las autonomías firmarán acuerdos de financiación plurianual para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Las autonomías también podrán mejorar la atención con cargo a sus presupuestos y se diseñará un sistema de copago para que los beneficiarios realicen una aportación, en función de sus recursos.
EXENTOS DE COPAGO
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de personas discapacitadas (CERMI), Mario García, hizo hoy una valoración "muy positiva" de la Ley, pero reclamó la necesidad de que queden exentas del copago las personas cuyos ingresos mensuales no superen los 1.500 euros.
Cuando llegue el momento de su desarrollo reglamentario, el CERMI reclamará, en concreto, que queden exentas las personas que no superen en una cantidad dos veces y media del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente según sus cálculos a esa cantidad. A su modo de ver, en la financiación deben intervenir aquellas personas "con pensiones realmente importantes y altas".
García reconoció que esta norma necesita el apoyo de todos y mostró la voluntad de colaboración de su colectivo "en la medida de la disponibilidad económica" de las personas que representa. En este sentido, valoró de manera positiva que la ley garantice la asistencia a "aquellas personas que no tienen posibilidades económicas".
Por otra parte, valoró otros avances conseguidos durante la tramitación en el Congreso de los diputados, gracias a las aportaciones realizadas por el colectivo que el preside. Entre ellas citó la inclusión de la asistencia a los menores de tres años, el reconocimiento del derecho subjetivo, la participación en los órganos consultivos y la creación de un consejo nacional de la dependencia.
No obstante, entiende que aún se deben perfilar "algunos flecos" durante el trámite en el Senado, relativos al reconocimiento de la asistencia a las personas con discapacidad intelectual y mental (recogerlo de una manera más explícita), así como la accesibilidad a las ayudas técnicas. "No olvidemos que hablamos de la ley de autonomía personal y dependencia", apostilló.
En cualquier caso, el presidente del CERMI considera que es la ley más importante de esta legislatura en materia social, que supone "un paso importantísimo" para cerca de medio millón de personas menores de 64 años, afectadas con gran discapacidad.
