La ONG también acusa a la permisiva construcción de urbanizaciones en zonas forestales, que multiplica el riesgo de evacuación de personas
MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Finalizado el mes de julio Ecologistas en Acción ha hecho balance de la situación de los incendios forestales durante este año. La organización ecologista demanda en este sentido mayor atención y control sobre determinados usos del fuego causantes de la mayoría de los incendios forestales acontecidos hasta la fecha.
En un comunicado, la ONG considera que unas condiciones meteorológicas menos extremas que las de los dos últimos años y una mayor sensibilización de la población y de las Administraciones competentes han contribuido a la reducción del número de incendios superiores a una hectárea y de la superficie quemada, así como una mejora en la coordinación de los dispositivos de extinción de incendios entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, recalca la organización, "un análisis provisional de las causas de los incendios, corrobora lo que venimos denunciando desde el comienzo del periodo de máximo riesgo". "La mayoría de los incendios forestales que ha supuesto la pérdida de más de 36.000 hectáreas hasta finales de julio en toda España, se ha debido a prácticas agropecuarias como la quema de rastrojos o de área de matorral para la creación de pastizal".
La ONG también destaca los incendios provocados por cosechadoras en la tarea agrícola, y sobre todo, por el uso del fuego en áreas de acampada o de barbacoas.
En consecuencia, Ecologistas considera esencial adoptar medidas como la regulación normativa, y en su caso prohibición, de determinadas prácticas y usos del fuego en el medio natural (actividades agropecuarias y lúdicas-recreativas), o un mayor control de las actividades autorizables donde se contemple el uso de fuego, en áreas limítrofes a espacios forestados.
Asimismo, apuesta por restringir y contener el crecimiento urbanístico en terrenos forestales o próximos a éstos, especialmente si se trata de urbanizaciones distantes y aisladas de los núcleos tradicionales de población y obligar a los responsables locales y privados la adopción de medidas preventivas que garanticen un nivel de protección y seguridad adecuada para personas, bienes y el medio natural.
Durante los siete primeros meses del año, recuerda, el número de conatos, --incendios forestales con una superficie afectada de menos de una hectárea--, ha sido un 40% menor respecto al mismo periodo del pasado año. En total han sido 6.158 los conatos contabilizados.
Además, este año, la superficie calcinada se sitúa alrededor de las 36.000 hectáreas, mientras que el año pasado esta cifra se elevó hasta las 100.000 hectáreas. Respecto a los grandes incendios forestales, --aquellos en los que se superan las 500 hectáreas--, este año se han producido seis mientras que en 2005 fueron 17.
En casi todas las Comunidades Autónomas ha habido incendios forestales, pero un año más destaca Galicia, donde se han llegado a contabilizar casi 20 incendios forestales activos en un solo día, algunos de pequeña entidad en cuanto a superficie afectada, pero de grave riesgo para la seguridad de las personas, como ocurrió en Vilanova, donde los vecinos tuvieron que desalojar sus residencias ante el avance de las llamas.
Las numerosas situaciones donde se ha tenido que proceder al desalojo de cientos de personas, bien de sus residencias habituales, como de las numerosas urbanizaciones localizadas en terrenos forestales destinadas preferentemente para un uso vacacional, demuestra, --dice Ecologistas--, "que estamos ante un aumento progresivo del grado de vulnerabilidad para personas y bienes, así como el riesgo de incendio forestal".
RIESGO EN URBANIZACIONES
Las 1.500 personas evacuadas recientemente de las urbanizaciones enclavadas entre pinares en el término municipal de Conil (Cádiz), ha podido ser el caso más patente de un comportamiento negligente por parte de los gestores públicos en materia urbanística y ambiental que consienten y autorizan la construcción de urbanizaciones en áreas de influencia forestal.
La construcción de estas zonas necesita de una mejora y aumento de las infraestructuras de comunicación, muy especialmente carreteras, que eleva aún más el riesgo de incendio forestal por diversos motivos (chispas, accidentes, abandono de elementos incandescentes, etc). Las imprudencias durante la construcción de infraestructuras y en concreto unas chispas durante las obras de construcción de la autovía A-66 fueron, por ejemplo, la causa del incendio de Cañaveral, en Cáceres, donde ardieron cerca de 2.000 hectáreas.
En este sentido, asegura EA, "es fundamental demandar a las Administraciones públicas su responsabilidad en cuanto a los necesarios y obligados Planes de Autoprotección o actuaciones de prevención, que deben de establecerse en todas las localidades, instalaciones, infraestructuras de comunicación, casa rurales, urbanizaciones legales e irregulares, etc".
A su juicio, el riesgo de incendio forestal y el grado de vulnerabilidad "se reduciría en cierta medida si se elaborasen los citados planes de autoprotección y medidas de prevención".
