SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción consideró hoy "kafkiano" que la empresa causante del vertido de Aznalcóllar, Boliden Apirsa, pueda recibir indemnizaciones por parte de las empresas constructoras de la balsa y España se convierta de esta manera "en el primer país del mundo donde quien contamina, cobra".
El responsable de la organización ecologista, Juan Clavero, recordó en declaraciones a Europa Press que cinco años antes del vertido, los ecologistas ya avisaban del mal estado de la balsa y de las filtraciones "sin que nunca tomaran medida alguna ni Boliden ni las administraciones competentes".
Así, acusó a este último respecto a las Consejerías de Medio Ambiente e Industria de la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). "Nunca tomaron medidas a pesar de haberse advertido reiteradamente el mal estado de la balsa y que ahora la empresa intente derivar responsabilidades a otras empresas nos parece absolutamente kafkiano", sentenció Clavero.
Por todo ello, el responsable de Ecologistas en Acción concluyó que todo este proceso "demuestra que la legislación española no está a la altura de las circunstancias, al permitir que una empresa que ha ocasionado el mayor desastre ecológico de España, se vaya con la más absoluta impunidad e incluso pueda llegar a cobrar indemnizaciones".
Ayer martes comenzó en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid el juicio para determinar la demanda contra Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, interpuesta por Boliden Apirsa, que culpa a estas empresas de la rotura el 25 de abril de 1998 de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
Boliden Apirsa demandó a Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, por considerarlas culpables del accidente de 1998 y para que hagan frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza.
De esta manera, ha reclamado 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones de euros para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) habían solicitado de la empresa minera.
La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
