BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, Juan-Felipe Carrasco, pidió hoy "la suspensión de cualquier autorización de consumo transgénico hasta que no se garantice el control y la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos", lo cual es "imposible", a su parecer, porque el coste es muy elevado. Actualmente, se cultivan en España más de 30.000 hectáreas de maíz transgénico, único cultivo en el que se permite la mutación genética.
Greenpeace, junto con la Asamblea de Agricultores de Cataluña y la Plataforma '¡Transgénicos Fuera!', presentó en Barcelona el informe 'La imposible coexistencia', realizado en Cataluña y Aragón, comunidades que cultivan cerca del 90% de transgénicos de España. El estudio pretende demostrar, según Carrasco, coautor, que "no es sostenible" que transgénicos y no transgénicos compartan campos, y describe los daños que esto supone para los cultivos naturales y ecológicos.
El informe se hace público coincidiendo con la conferencia de la Comisión Europea que tiene lugar hoy en Viena (Austria) sobre el futuro de la coexistencia. Carrasco criticó que dicha conferencia "pone a España como ejemplo de buena coexistencia" y que la Comisión Europea "está intentando potenciar los transgénicos".
Otro de los autores del estudio, Jordi Cipriano, miembro de la Asamblea de Agricultores de Cataluña y de la Plataforma ¡Transgénicos Fuera!, aseguró que "actualmente hay imposición de los cultivos transgénicos sobre los otros, en lugar de coexistencia", ya que, como explicó, tal coexistencia provoca "contaminación a través del polen que convierte maíz ecológico o natural en transgénico".
Carrasco explicó que "el polen del maíz puede recorrer hasta 3.000 metros por aire, y mucho más en el ala de un pájaro", al tiempo que acusó a las multinacionales de mentir "diciendo que el polen sale de la planta y cae inmediatamente".
El estudio detectó diez casos de contaminación directa y, según relató Cipriano, "los contaminados están en situación de indefensión total" y se ven obligados a tirar la cosecha o venderla en el mercado ordinario "cuando habían renunciado a fertilizantes y otra tecnología" que facilita el cultivo.
En el caso de los agricultores ecológicos, "los costes de la contaminación los asumen los contaminados", explicó Carrasco, para quien dicha contaminación de campos es "uno de los mayores atentados contra la libertad".
LA IMPASIBILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES.
Cipriano acusó a la Conselleria de Agricultura de Cataluña de mantener una "postura de impasibilidad total" ante los perjuicios que causa la contaminación de transgénicos en los cultivos no transgénicos. Cipriano dijo que "estos informes debería de hacerlos la administración" y que se decidieron a elaborarlo porque "no hay informes exhaustivos sobre transgénicos en España".
La delegada de Greenpeace en Cataluña, Anna Rosa Martínez, acusó al gobierno del PSOE de potenciar los transgénicos en contra de sus promesas electorales. Según Martínez, con el relevo en el gobierno "la cosa no ha cambiado", como por ejemplo, "no existen registros públicos, cosa que prometió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona".
Juan-Felipe Carrasco alertó de la "tolerancia" del PSOE con los transgénicos a merced de las grandes multinacionales, como Monsanto o Pioneer, "que quieren controlar la producción alimentaria de mundo, lo que perjudica a nuestros agricultores".
Sobre los perjuicios de los transgénicos para la salud, Carrasco aseguró "saber poco porque las investigaciones no las llevan los gobiernos sino las multinacionales", y explicó el caso de un tipo de maíz de Monsanto que la Comisión Europea iba a aprobar para el consumo y sólo 24 horas antes se pudo hacer público el informe, que había elaborado la propia multinacional y demostraba que era perjudicial para la salud.
