MADRID, 20 Nov. (EP/AP) -
El Tribunal Federal de Canadá dictaminó recientemente que el Gobierno de este país "se equivocó" al no consultar a los grupos aborígenes sobre la construcción de un gasoducto en el Ártico por parte de la empresa Mackenzie Valley.
En 1989, el Gobierno canadiense concedió a la tribu de los 'Dene Tha' la propiedad de una serie de reservas de tierra para que pudieran cazar y pescar, y estableció la necesidad de un 'régimen de consulta' en el caso de que las tierras se utilizaran con otros objetivos.
Por este motivo, el juez Michael Phael estima que el Gobierno canadiense se equivocó al no consultar con la tribu la puesta en marcha del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) y tendrá una extensión de 1.225 kilómetros.
Otras cuatro empresas canadienses gasistas participan en esta iniciativa que comunicará a todos los mercados potenciales del norte del continente americano y abastecerá a toda la zona al transportar diariamente 1.200 millones cúbicos de gas.
Los impulsores del proyecto --que se ha ido retrasando debido al aumento del coste de las obras y la oposición de las organizaciones ecologistas-- argumentan que "generará miles de empleo entre la comunidad indígena".
