La iniciativa privada denuncia que la Administración del Estado no cumple con la Ley de Igualdad
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.024 personas con discapacidad fueron contratadas entre el 2005 y el 2007 gracias a la participación de 32 empresas y cajas de ahorros en el programa 'Empresa y Discapacidad' de la Fundación Empresa y Sociedad y de la Once.
Además, se crearon 15.333 empleos intermediarios para otras empresas y entidades a través de la Fundación ONCE, y se generaron 4.416 empleos indirectos por vías alternativas, como la compra de centros especiales que llevaron a cabo Iberia, Sol Meliá y Accenture.
Así, las empresas que cuentan con mayor número de personas con discapacidad en plantilla son DKV Seguros, el Grupo Siro y MRW. En cambio, las que han contratado a más personas con discapacidad en estos dos años son Repsol YPF, MAPFRE, y Accenture.
EL ESTADO NO CUMPLE LA LEY DE IGUALDAD
De esta manera, la cuota media de personas con discapacidad contratadas en empresas privadas se sitúa en el 2,04 por ciento en diciembre del año 2007, "más del doble de empleos directos que la Administración General del Estado", según denunció el director general de Empresa y Sociedad, Francisco Abad.
Por su parte, el presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, afirmó que "la Administración General del Estado no cumple con la Ley de Igualdad", ya que las empresas del sector público tienen una cuota de personas con discapacidad en el total de su plantilla del 1,89 por ciento (ésta dispone que todas las empresas tengan contratadas como mínimo a un dos por ciento de personas con discapacidad).
Al respecto, el consejero delegado del Grupo FUNDOSA apuntó que el legislador "no sólo tiene que legislar" sino que también tiene que ser "el mayor empleador". "Se ponen tasas para que se contraten a personas con discapacidad, pero lo que falla es que no hay políticas 'proactivas' que lo promuevan", dijo.
FALTA DE INFORMACIÓN
Así, Abad señaló que no se dispone de datos oficiales al respecto desde el año 1999 y que todos los años le envían una batería de preguntas al diputado Carles Campuzano para que se obtenga información al respecto.
Por último, añadió que siempre la respuesta por parte del Gobierno es que "no existe esa información", ya que es información "estructurada, que se archiva y analiza cada diez años". Por lo que indicaron que en el próximo 2009 se publicaran los nuevos datos oficiales.
