Su empresa, Fidalur, ubicada en Uruguay, --"un paraíso de la piratería pesquera"--, deberá cesar sus actividades y disolverse
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización de defensa del mar Oceana dio a conocer hoy la sentencia contra del armador gallego Antonio Vidal Pego, producida ayer a las 19:00 horas de la tarde --hora española-- en Estados Unidos, y que le condena a cuatro años de libertad provisional y una multa de 400.000 dólares (312.000 euros), según la decisión de un Tribunal de Miami.
Se trata de la sentencia por el caso de importación y conspiración para la venta ilegal de 26 toneladas de merluza negra en Estados Unidos a través del puerto de Miami en 2004. Desde entonces, Antonio Vidal se encontraba en búsqueda y captura por Interpol hasta que se entregó el pasado 19 de abril a la justicia norteamericana.
Según Oceana, Vidal es la primera persona que ha sido condenado en Estados Unidos por esos cargos. La merluza negra, también conocida como 'bacalao polar', es una especie amenazada que requiere permisos especiales de organismos internacionales para su captura, importación y venta.
"La empresa Fidalur, controlada por Vidal, falsificó los documentos para intentar burlar a las aduanas y a los servicios de protección pesquera de Estados Unidos, pero la operación fue descubierta por los servicios aduaneros", explica la organización.
Antonio Vidal se ha declarado culpable de obstrucción a la justicia. Los cargos de los que se le acusaba incluían no solo la importación ilegal de una especie protegida, sino conspiración para la venta de la misma y falsificación de documentos.
Estas acusaciones podían haberle llevado a prisión durante veinte años, pero según informaciones facilitadas a Oceana por la Oficina del Fiscal del Distrito de Miami, el armador gallego ha llegado a un pacto con el Gobierno de Estados Unidos para evitar la cárcel a cambio de proporcionar información sobre las actividades criminales de otras personas implicadas en actividades de 'pesca pirata', que permitirán al Gobierno federal el procesamiento de otros armadores que se dedican a actividades similares.
La sentencia indica que la libertad condicional de Antonio Vidal le obliga a que cese "inmediatamente" cualquier relación, directa o indirecta, con la pesca y comercialización de merluza negra. Para que pueda comprobarse que cumple la sentencia, el armador deberá poner a disposición de la Oficina de Control de Libertad Provisional y del Gobierno de Estados Unidos la contabilidad y otros libros de registro de las actividades de todas sus empresas.
Además, tiene la obligación de presentarse ante la Justicia de Estados Unidos siempre que se le requiera. Antonio Vidal ha tenido que facilitar al juez un documento por el que acepta su extradición a Estados Unidos por parte del Gobierno español o el de cualquier país en donde se encuentre, en caso de que incumpla alguna de las condiciones de la sentencia.
DISOLUCION DE LA EMPRESA
Por su parte, la empresa de Vidal, Fidalur, ubicada en Uruguay --"un paraíso de la piratería pesquera" según Oceana-- debe cesar sus actividades y disolverse antes de 45 días. También debe pagar una multa de 100.000 dólares (78.000 euros).
Oceana mostró a través de un comunicado su satisfacción por la primera condena efectiva de un 'pirata pesquero' y una de sus empresas por actividades criminales. Vidal y la tripulación de uno de sus barcos, el 'Viarsa', habían conseguido no ser condenados por pesca ilegal por un jurado australiano, después de que el pesquero protagonizase una huída de 4.000 millas durante casi un mes tras haber sido sorprendido por guardacostas de ese país pescando merluza negra en aguas antárticas.
Además, "se da la circunstancia de que al realizar ese trasbordo, el 'Galaecia' se encontraba pescando en una acción piloto de pesca experimental subvencionada con 1,3 millones de euros por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, y llevaba a bordo un observador del Insituto Español de Oceanografía (IEO)", recalca Oceana.
En palabras del director ejecutivo de Oceana para Europa, el biólogo Xavier Pastor, "suponemos que ahora que Antonio Vidal ya es legalmente un criminal convicto y confeso, el Gobierno español dejará de subvencionar a sus empresas con los impuestos de los ciudadanos y los altos cargos de la Secretaría General de Pesca Marítima serán más cuidadosos en la protección de armadores piratas como Antonio Vidal".
"El dinero de los contribuyentes españoles es utilizado por personajes como éste para esquilmar los océanos y violar la legalidad internacional", denuncia Pastor.
En este sentido, Oceana reclama a la Secretaría General de Pesca Marítima que haga públicos todos los documentos del expediente abierto al 'Galaecia', que dé publicidad a las razones por las cuales ese proceso fue cerrado sin que haya sido posible conocer sus conclusiones, y que se manifieste en relación a la condena de Antonio Vidal.
Por su parte, el director de Investigación de Oceana, Ricardo Aguilar, hizo un llamamiento, instando a oír la voz de los armadores honrados y de sus asociaciones. "Querríamos oírles decir, alto y claro, que repudian las actividades de Vidal y de cualquier otro miembro del sector pesquero que incumpla la legislación pesquera y ejerza la piratería con cualquier barco, en cualquier océano y con cualquier bandera", concluye.
