ESTRASBURGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy un informe elaborado por la eurodiputada del PP, Carmen Fraga, en el que reclama la creación de un sistema único de eco-etiquetas para los productos pesqueros, que sean una referencia fiable para los consumidores y una prueba de que son el fruto de una pesca respetuosa con la preservación de los recursos pesqueros.
Carmen Fraga urgió a la Comisión Europea a presentar una propuesta porque se trata de una cuestión que lleva encima de la mesa desde los años noventa y, entretanto, han surgido promotores privados que están "haciendo su agosto" con eco-etiquetas que, a su juicio, "generan confusión entre los consumidores y, muchas veces, no corresponden a criterios de pesca responsable".
"Cuando se puede aplicar una plusvalía a un producto por decir que es ecológico sin tener que probarlo, el camino al fraude está servido", advirtió la portavoz del Grupo Popular Europeo en la comisión de Pesca de la Eurocámara.
Fraga recordó que el anterior comisario europeo de Pesca, Franz Fischler, admitió en su despedida que este asunto era una de las "asignaturas pendientes" de su mandato y confesó que no pudo plantear una normativa "debido a las presiones recibidas".
Por esta razón, Fraga instó a la Comisión Europea a "ponerse a la tarea, porque otros interesados lo están haciendo por nosotros, y muchos solo en defensa de sus propios intereses".
El informe da seis meses al Ejecutivo comunitario para que presente una propuesta de requisitos mínimos y directrices a los que debe de corresponder el sistema de eco-etiquetado comunitario para los productos pesqueros.
El Parlamento Europeo estipula que, independientemente de que puedan existir una o varias etiquetas, siempre de carácter voluntario, el sistema debe ser único y promovido por la UE, quien debe establecer sus normas de funcionamiento y garantizar la independencia de los órganos de acreditación y certificación, así como la transparencia y la veracidad de la información en todas las fases de la cadena de custodia, desde el buque pesquero al consumidor final.
Existen ya directrices de la FAO, resoluciones de la ONU y de la OMC, que deben servir de base porque el sistema, advirtió Fraga, "no debe dar lugar a ningún tipo de discriminación ni crear obstáculos al comercio, particularmente al de los países menos desarrollados, y debe constituir un arma de lucha contra la pesca ilegal, al impedir su acceso a los mercados".
