La organización cree que la corrupción, los abusos y la exportación ilegal enriquecen a unos pocos en detrimento de la población
LONDRES, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los políticos y las empresas se apoderan "fraudulentamente" de una parte creciente de los minerales extraídos en Katanga, en particular cobre y cobalto, en perjuicio de la población de esta región del sur de la República Democrática del Congo (RDC), según denunció la organización 'Global Witness' en un nuevo informe con vistas a las próximas elecciones generales del 30 de julio.
"A medida que se aproximan las elecciones, los políticos y las empresas intentan de forma desenfrenada apoderarse de una parte cada vez más importante del comercio lucrativo de los minerales, y se preocupan poco, por no decir nada, por el bienestar de la población congoleña", declaró el director de 'Global Witness', Patrick Alley. "El saqueo de los recursos naturales de la RDC sigue poniendo en peligro las oportunidades de paz, de estabilidad y de desarrollo del país", añadió.
El nuevo informe de 'Global Witness', titulado 'Una corrupción profunda: Fraude, abuso y explotación en las minas de cobre y cobalto de Katanga', se basa en investigaciones efectuadas sobre el terreno en Katanga y en Zambia, país vecino de la RDC, entre 2005 y 2006.
El documento analiza prácticas abusivas como la corrupción, las extorsiones y las exportaciones ilegales cometidas en Katanga en el sector de la explotación informal de las minas. También examina la explotación "sin piedad" ejercida contra los pequeños mineros artesanales por parte del Gobierno y de las empresas.
EXPORTACIÓN ILEGAL Y EXTORSIONES
Según 'Global Witness', las investigaciones han permitido constatar la exportación ilegal, casi sistemática, de minerales a través de la frontera con Zambia. Los representantes del Gobierno y las fuerzas de seguridad "optan tanto por cerrar los ojos ante los certificados de exportación falsos o inexactos como por actuar en connivencia con las sociedades mercantiles para ayudarlas a eludir los mecanismos de control", afirmó la organización.
Por estos procedimientos, indica el informe, salen grandes cantidades de minerales del país sin haber sido declaradas, con las consiguientes pérdidas para la economía congoleña y las "considerables ganancias para un pequeño número de elementos poderosos", denunció 'Global Witness', que señaló que la llegada masiva desde 2004 de empresas extranjeras a Katanga ha incrementado las posibilidades de enriquecimiento para las elites políticas locales.
El informe describe también los medios de que se sirven los representantes del Gobierno y de las fuerzas de seguridad para extorsionar a los pequeños mineros artesanales, a los que imponen el pago de "comisiones" por cada una de las fases del proceso de producción, a pesar de ganar, como mucho, dos o tres dólares al día. Estas extorsiones afectan también a intermediarios, transportistas y otros elementos involucrados en la explotación minera.
El informe de 'Global Witness' da cuenta también de las difíciles condiciones de trabajo de los mineros artesanales, la falta absoluta de medidas de seguridad y la negativa del Gobierno y de las empresas a asumir su responsabilidad respecto a la salud y la seguridad de los decenas de miles de mineros artesanales que hay en Katanga.
"Decenas de mineros murieron sólo en 2005, sobre todo tras quedar bloqueados por desprendimientos en los pozos de las minas", alertó Patrick Alley. "Nadie investiga estas muertes ni actúa para impedir que haya más accidentes. El Gobierno parece indiferente ante la tragedia de estos mineros, y las sociedades empresariales no tienen ningún escrúpulo para comprar productos extraídos en tales condiciones, aun sabiendo que los mineros se juegan la vida cada día", añadió.
CORRUPCIÓN
El informe advierte también de que la corrupción es "omnipresente" en el sector de la explotación minera industrial en Katanga, y denuncia al respecto la participación de políticos de Kinshasa, sobre todo en lo que se refiere a la negociación de contratos mineros.
Según 'Global Witness', a lo largo de 2005 se acordaron a gran velocidad numerosos contratos sustanciosos, firmados por un Gobierno de transición que no ha sido elegido y que es "responsable, por sí mismo, del saqueo de recursos naturales a gran escala".
Estos contratos, según la organización, garantizan a las empresas extranjeras o a las multinacionales beneficios muy altos y desproporcionados en relación con la cantidad "despreciable" que llega a la sociedad minera del Estado, la Gécamines.
"La población de Katanga, que ve cómo se volatilizan de su país beneficios considerables sin que mejore su propia situación económica, manifiesta un creciente resentimiento", según Global Witness. Un minero artesanal declaró a la organización: "Sabemos que Congo es rico, pero pese a ello no tenemos suficiente para comer". Esa riqueza, dice, "sólo beneficia a un tipo concreto de gente".
