Un informe parlamentario recomienda la derogación o renegociación de contratos y acusa de fraude y robo a políticos y empresarios
LONDRES, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de organizaciones internacionales humanitarias instó hoy a las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) a poner fin a la explotación de sus recursos naturales y a derogar o renegociar los contratos ilegales firmados por políticos, grupos armados y empresarios amparados en el conflicto armado. Las organizaciones recordaron también que estos puntos figuran en las recomendaciones incluidas en el reciente informe de una Comisión del Parlamento congoleño puesta en marcha en aplicación de los acuerdos de paz.
En junio de 2005, la Comisión Lutundula, puesta en marcha por la Asamblea Nacional en cumplimiento de los acuerdos de paz de 2003, formada por representantes de todas las partes en conflicto y dirigida por el diputado Christophe Lutundula, emitió un informe elaborado a partir de sus investigaciones sobre los contratos mineros y comerciales en general firmados por los rebeldes y las autoridades gubernamentales entre 1996 y 2003, durante la guerra que asoló a la RDC.
El informe constata que decenas de contratos eran ilegales o aportaban muy poco al desarrollo del país. Por ello, recomienda la derogación o renegociación de 16 contratos, que se investigue a 28 compañías congoleñas e internacionales por violaciones a la legislación del país y que se ponga en manos de la justicia a 17 personas --políticos o empresarios de alto rango-- por fraude, robo y otros delitos.
Aparte, el informe recomienda una moratoria inmediata en la firma de nuevos contratos a la espera de que se celebren las elecciones generales, previstas para esta próxima primavera, y solicita una ampliación de su mandato a fin de poder analizar los contratos firmados durante el periodo del Gobierno de Transición.
"Durante años, los políticos han firmado contratos en Congo que les enriquecen y que no aportan ningún beneficio al pueblo congoleño. Los beneficios obtenidos de tales contratos proceden, por lo general, de sufrimientos y de enormes pérdidas humanas", denunciaron las organizaciones no gubernamentales (ONG) en un comunicado conjunto.
"El Parlamento debe examinar con lupa las conclusiones de la Comisión Lutundula y responsabilizar a los actores políticos de sus acciones antes de que se celebren las elecciones", añadió el comunicado. Entre las organizaciones firmantes destacan la Asociación Africana para los Derechos Humanos (ASADHO-Katanga), Amigos de la Tierra-Estados Unidos, Global Witness, Grupo de Apoyo a las Explotaciones de Recursos Naturales (GAERN), Human Rights Watch (HRW) y el International Crisis Group (ICG).
OBSTRUCCIONES AL INFORME
Según las organizaciones, algunos miembros de la Comisión sufrieron amenazas durante la elaboración del informe y se encontraron con el 'boicot' tanto de políticos y responsables de empresas como incluso de numerosas organizaciones internacionales que se negaron a colaborar, a pesar del apoyo expreso del Banco Mundial al trabajo de este comité parlamentario.
Las organizaciones firmantes aseguran que incluso algunos responsables de la ONU y del Senado belga, dos instancias investigadas en relación con la extracción de recursos naturales de la RDC entre 2000 y 2003, se negaron a aportar informaciones importantes sobre contratos ilegales, con el pretexto de la confidencialidad.
Con ocho meses de retraso, la Mesa de la Asamblea Nacional, presidida por Olivier Kamitatu, decidió la semana pasada distribuir el informe entre todos los diputados, aunque no se ha tomado ninguna decisión respecto a su posible debate en la Cámara. En los ocho meses transcurridos desde que se presentó el informe se han venido firmando nuevos contratos mineros sin un control real, según el comunicado.
Fuentes locales, citadas por las organizaciones, informaron de que el retraso se debió a las presiones ejercidas por políticos de alto rango cuyos nombres aparecen en el informe o por representantes de los principales partidos políticos interesados en enterrar el tema antes de las elecciones generales. El debate ya ha sido aplazado hasta en dos ocasiones.
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y CONFLICTO ARMADO
Desde la llegada al poder del Gobierno de Transición en junio de 2003, grupos armados vinculados a los países vecinos y responsables corruptos del Gobierno han seguido explotando ilegalmente los recursos del país, según el comunicado.
El pasado mes de enero, un grupo de Naciones Unidas encargada de la observación de los movimientos de armas informó al Consejo de Seguridad de que la competencia por los recursos naturales congoleños sigue alimentando el conflicto que asola el sur y el este del país.
"Cuando se firmaron los acuerdos de paz, todas las partes se pusieron de acuerdo para investigar estos contratos. Ahora que la Comisión ha puesto en evidencia pruebas de corrupción y de abusos, los responsables congoleños deben afrontar con franqueza el problema", indicó el comunicado.
"El Parlamento debe inscribir el informe de la Comisión en el orden del día de sus actividades y actuar a partir de las recomendaciones formuladas antes de que concluya el periodo de transición".
