MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha señalado la necesidad de preservar el efectivo como medio de pago debido a las implicaciones que esto conlleva a la hora de evitar el fraude.
El 29 de junio, la organización mostró su disconformidad sobre la propuesta debatida en el seno de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que explícitamente aludía a la conveniencia de la progresiva supresión de este medio pago.
Esa propuesta fue matizada por el Grupo Socialista proponente, y derivó en la adopción de un posicionamiento más entendible como punto de partida para un debate más fundamentado al aludir a una reducción de los límites de utilización del efectivo como objetivo a largo plazo, de forma gradual, consensuada, y coordinada en el marco de la Unión Europea.
Sin embargo, el pasado mes de octubre, frente a este planteamiento de un objetivo de reducción de los límites al efectivo a largo plazo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal, convertido en proyecto de Ley que se encuentra en la actualidad en tramitación en la Comisión de Hacienda en el Congreso.
En la redacción del proyecto de Ley se proponía una reducción de los límites de pago de 2.500 a 1.000 euros para la inmensa mayoría de las operaciones, lo que en opinión de la organización ya suponía "un importante nuevo ataque a la consideración del efectivo como medio de pago", al carecer de "justificación alguna sobre la supuesta vinculación entre el efectivo y el fraude fiscal".
No obstante, en el curso de las enmiendas presentadas al mismo, se ha constatado cómo algunas formaciones políticas han endurecido significativamente el alcance de dicha medida al incluir en su ámbito de aplicación todas las operaciones realizadas por las personas físicas que quieran pagar con efectivo bienes o servicios por valor superior a 1.000 euros.
Una medida completamente contraria al objetivo al que aludía explícitamente la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de excluir de su ámbito de aplicación a los particulares "para minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas."
Aunque el Observatorio ha mostrado su "total respaldo al espíritu de la propuesta y con el objetivo contribuir en la erradicación de la economía sumergida", considera que esta propuesta "no tiene sentido que se incluya dentro de un marco para la mejora del sistema tributario", ya que "no existe ningún estudio fundamentado al respecto", y "porque la experiencia de los países de nuestro entorno no demuestra que exista una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida".
El sector de la seguridad considera que la propuesta es parte de la "ofensiva de discriminación, exclusión y demonización del único sistema público de pago, y que se acomete en plena crisis económica y sanitaria".
En este escenario, desde el Observatorio han recordado que cualquier propuesta o medida que pueda conducir a la discriminación negativa del efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos, en este caso el medio de pago más utilizado, y que además comporte adversos efectos en el consumo y en la cantidad y calidad del empleo directa o indirectamente relacionado, tiene consecuencias muy desafortunadas.
El Observatorio ha reclamado que la adopción de límites más estrictos a la utilización del efectivo sea llevada a cabo, en su caso, de forma coordinada con la Unión Europea y gradualmente en el tiempo.
