BRUSELAS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea avanzó hoy en varios expedientes contra España por infracciones en la normativa medioambiental comunitaria, en concreto las directivas sobre la reducción de la contaminación de las aguas costeras, la prevención de la polución industrial o la calidad del agua potable. Asimismo, envió un ultimátum al Gobierno por no suministrar información suficiente sobre los avances a la hora de reducir las emisiones de efecto invernadero.
En el primero de los casos, España recibió una advertencia final por no haber respetado una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 1998 que dictaminó que había violado la norma europea sobre vertidos de sustancias peligrosas al mar. Esta directiva obliga a los Estados miembros a diseñar programas para reducir la contaminación de sus aguas costeras.
El Ejecutivo comunitario cree que España ha tomado algunas medidas para respetar la sentencia, pero no las suficientes. Si en el plazo de dos meses el Gobierno no adopta nuevas iniciativas, Bruselas pedirá al TUE la imposición de multas diarias.
Por otro lado, la Comisión ha decidido denunciar a las autoridades españolas ante el Tribunal por no haber adaptado correctamente a la legislación nacional la directiva sobre control y prevención global de la contaminación. La norma exige que todas las instalaciones industriales importantes cuenten con un permiso de funcionamiento que marque los límites a sus emisiones contaminantes, vertidos al agua o generación de residuos. Debería haberse adoptado en 1999.
La ley española adoptada en 2002 no tiene en cuenta tres de las exigencias principales de la directiva: el periodo de transición para las nuevas instalaciones, las exigencias para renovar los permisos, y la autorización de las instalaciones existentes.
Por lo que se refiere al agua potable, Bruselas envió a España una carta de emplazamiento, primera fase del procedimiento de infracción, por no haber traspuesto correctamente la norma comunitaria correspondiente, que fija los requisitos sanitarios y de pureza que debe cumplir el agua potable en cualquier punto de la UE. Según el análisis de la Comisión, la ley española de 2002 no cumple todas las exigencias de la directiva europea.
Finalmente, la Comisión publicó un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción, contra las autoridades españolas por no informar adecuadamente de los progresos a la hora de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero pese a que así lo exige una norma comunitaria de 2004 sobre la aplicación del protocolo de Kioto.
