MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea únicamente ha obtenido el apoyo comprometido de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu para tratar de tumbar en el Congreso el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que se ha sometido este jueves a su debate de totalidad en la Cámara Baja.
En la defensa de su iniciativa, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que su proyecto de ley "es ambicioso y necesario", remarcando que "va más allá en la protección de los deudores hipotecarios".
Así, ha dicho que se beneficiarán de un abaratamiento de las comisiones por cancelación anticipada, la conversión de la hipoteca de tipo variable a tipo fijo, la conversión de la moneda del préstamo, o unos requisitos de información más exigentes, con más control de registradores y notarios.
Asimismo, ha asegurado que las cláusulas de vencimiento anticipado, a través de una regulación "más garantista", ha dicho, "impide cualquier conducta abusiva o discrecionalidad en su aplicación". Guindos ha dicho que la ejecución de la hipoteca en estos casos sólo se producirá "cuando la relación sea suficientemente significativa", y que dependerá del número de cuotas, pero también de la fase en la que encuentra el préstamo.
"SI LES ENGANCHAMOS CON CLÁUSULAS ABUSIVAS, LES SANCIONAMOS"
En su defensa de su texto alternativo, el responsable de Vivienda del grupo confederal, Rafa Mayoral, ha realizado una comparación con la circulación de tráfico, y las consecuencias que sufre un conductor que incurre en infracciones, justificando así la necesidad de aplicar sanciones a las entidades que lleven a cabo abusos.
"Si les enganchamos con cláusulas abusivas, les sancionamos. Y si les enganchamos muchas veces, les quitamos las licencias", ha aseverado Mayoral, que ha asegurado que lo que han llevado ante el Pleno no es su propuesta, sino un "texto base" con "aportaciones de la sociedad civil".
Mayoral ha reivindicado en su intervención la necesidad de "posicionarse" ante una situación en la que hay "una parte débil y una parte fuerte": "El Estado no es imparcial. Está para acabar con la desigualdades y para ponerse del lado de los débiles ante los abusos de los fuertes", ha dicho.
PP: "EL MERCADO HA FUNCIONADO"
Carlos Floriano, del PP, ha mostrado su acuerdo con la postura de Mayoral en el sentido que son necesarios "muchos más pasos en favorecer de la transparencia", pero le ha invitado a reflexionar pues, si el 80% de familias, ha dicho, cuentan con una vivienda en propiedad, esto quiere decir que, aun con problemas, el mercado hipotecario español "ha funcionado".
Asimismo, ha reivindicado que fue un Gobierno del PP el que adoptó las primeras medidas en favor de las personas que sufrían procesos de desahucios, y ha criticado que Unidos Podemos, en su enmienda a la totalidad, argumente la necesidad de "buscar otras fórmulas" diferentes a la propiedad, y cree que con la propuesta se aumentarían las cuotas.
Pedro Saura, portavoz económico del PSOE, ha señalado que no le ha causado sorpresa el texto del Gobierno, pues "se pone de lado de las entidades financieras", pero cree que con la enmienda a la totalidad "no se resuelven los problemas y las carencias del texto del Gobierno" y ha dicho que con él "el consumidor puede estar incluso más desprotegido".
Así, ha lamentado que no se incluya ni una mejora en la transparencia para restringir las cláusulas abusivas en ninguna de las dos propuestas, ni una regulación de la dación en pago, ni la creación de una autoridad independiente para controlar la publicidad y la aplicación de sanciones.
Ciudadanos, a través de su diputado Rodrigo Gómez García, cree que el texto del Gobierno es "una trasposición de mínimos" pero considera que "el camino propuesto por Unidos Podemos no es el adecuado", por lo que apuesta por el proyecto de ley y no la enmienda a la totalidad. Así, ha dicho que presentarán "profundas enmiendas", pero no consideran "ni sensato ni realista" varias de sus medidas.
APROVECHAR LA "ARITMÉTICA PARLAMENTARIA" PARA ENMENDARLA
"La banca siempre gana, y muchísimo", ha dicho Ester Capella, de Esquerra Republicana, lamentando que la propuesta del Gobierno "no resuelve ninguno de los gravísimos problemas surgidos a raíz de la crisis". Además, ha dicho que estos "han tenido respuesta en los tribunales", especialmente en Europa: "Al final, siempre nos quedará Europa, porque si tenemos que depender de los españoles, vamos aviados", ha dicho.
Por parte del PNV, su portavoz de Economía, Idoia Sagastizabal, ha recordado la tramitación de la nueva ley de Contratos del Sector Público, donde el texto final fue consecuencia de enmiendas de todos los grupos --"la actual aritmética parlamentaria abre la puerta a llegar a acuerdos entre diferentes", ha dicho-- por lo que ha animado a trabajar en el texto original del Gobierno, que tampoco comparten "al 100%".
En todo caso, ha recordado que ya comenzaron a trabajar el año pasado con el Gobierno varios aspectos del proyecto de ley, como los relacionados como la solvencia, los préstamos en divisas, la información al prestatario o temas de ámbito competencial, y cree que la iniciativa "se encamina a una asunción de riesgo más prudente y flexible".
Un aspecto también aludido por Ferrán Bel, del PDeCAT, que ha agradecido al Gobierno que hayan planteado el texto "con antelación", no como el de Unidos Podemos, pues aunque ha dicho que podrían apoyar durante la tramitación del proyecto de ley varias disposiciones, "no lo consultaron para nada"
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha mostrado su satisfacción con el texto llevado por Unidos Podemos --"Rafa, lo podías haber dicho más bajo, pero no más claro", ha dicho--, mientras su homóloga de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha criticado que el Gobierno, "en lugar de esperar" a la jurisprudencia que cuestiona en varias instancias cláusulas como los intereses de demora, "corra a legalizarlas".
