Denuncia que se cobraron los peajes íntegros entre 2015 y 2018 pese a las retenciones y retrasos provocados por unas obras
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite la demanda presentada por la Fiscalía contra Audasa, la sociedad concesionaria de la AP-9 Autopista del Atlántico, del grupo Itínere, por supuesto cobro "abusivo" de peajes entre los años 2015 y 2018.
La denuncia indica que la compañía mantuvo y cobró íntegras las tarifas de peaje establecidas a pesar de que las obras del puente de Rande, en la provincia de Pontevedra, provocaron "retenciones" y "retrasos" en la circulación por la autopista.
La Fiscalía reclama la restitución de las cantidades cobradas y de indemnización de daños y perjuicios en su denuncia, que presenta en ejercicio de la acción colectiva de cesación, en defensa de los consumidores y usuarios.
En concreto, el Ministerio fiscal señala que se cobraron los peajes íntegros durante, "al menos, los tres años comprendidos entre febrero de 2015 y junio de 2018" en los que duraron las obras de la autopista en el entorno del puente de Rande, por el que transcurre la AP-9.
La Fiscalía precisa que en ese período se ejecutaron las obras en el tramo de la AP-9 en los enlaces de Cangas y Teis, incluido el puente de Rande.
Las obras afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico en la autopista", debido a que establecieron "de forma
permanente" reducciones "tanto del número de carriles como de los límites de velocidad".
Además de realizar "sucesivas actividades propias de las obras", que provocaron "constantes retenciones y retrasos para los usuarios, y disminuir las condiciones de seguridad de la vía".
A pesar de todo ello el Ministerio Fiscal señala que "la entidad concesionaria de la autopista mantuvo invariable el cobro de las tarifas de peaje", por lo tanto, "exigiendo a los conductores el mismo precio que si la vía estuviese en perfectas condiciones" e, "incluso, aplicando las subidas de las tarifas".
LLAMA A PERSONARSE EN EL PROCESO.
En su auto de admisión a trámite, el Juzgado de lo Mercantil también acuerda realizar un llamamiento a personarse en el proceso a los usuarios perjudicados por el servicio que da origen a la demanda, para que "hagan valer su derecho o interés individual".
Aunque los hechos a los que se refiere la demanda se han producido en la provincia de Pontevedra, los afectados potencialmente podrían provenir de cualquier punto del territorio nacional.
Contra la resolución del Juzgado de lo Mercantil cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de su notificación.
