MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) abonará 250 euros a cada pasajero con vuelo cancelado como consecuencia de la 'huelga salvaje' de trabajadores de 'handling' --servicios aeroportuarios en tierra-- de Iberia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat el pasado 28 de julio, y 180 euros en caso de pérdida o destrucción de equipaje facturado, siempre que se haya formulado la pertinente reclamación, según lo acordado hoy en el Consejo de Ministros. El Gobierno destinará este montante económico de cara a "agilizar" la tramitación de las reclamaciones de los afectados.
Hasta ayer, el Ministerio de Fomento había tramitado 20.623 reclamaciones mediante el dispositivo especial establecido desde el 1 de agosto. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el Gobierno se compromete a adelantar este dinero, del que deberá hacerse cargo Iberia". "Nos hacemos cargo de ello en atención de los miles de ciudadanos que se vieron seriamente perjudicados por la inesperada ocupación de las pistas por parte de los trabajadores y por la posterior cancelación de vuelos por parte de la compañía aérea", aseveró.
De la Vega, a preguntas de los periodistas, negó que esta medida pueda sentar un precedente al adelantar el Estado una gran cuantía económica de cara a indemnizaciones por unos hechos de los que presuntamente es responsable una empresa privada (Iberia). Destacó que la decisión se ha tomado en el marco del Reglamento comunitario, así como del Convenio de Montreal, y afirmó que es un hecho "excepcional en el que concurren muchos elementos muy excepcionales". La protesta de los trabajadores de Iberia llevó a la anulación de unos 800 vuelos y a retrasos de otros.
La vicepresidenta explicó que el Gobierno evaluó "la normativa, la excepcionalidad del caso y la complejidad para reclamar de los ciudadanos". Agregó que lo ocurrido en El Prat "no es equiparable a otros supuestos", ya que es "la primera vez que ocurre un acontecimiento de esta naturaleza".
Esta medida, remarcó el Gobierno, se aplicará a los usuarios que voluntariamente cedan sus derechos para que AENA pueda reclamar a los responsables. Podrán acogerse a la medida los viajeros con origen o destino al aeropuerto de Barcelona entre las 6.30 horas del día 28 de julio y las 24 horas del 29 de julio.
Según De la Vega, "este acuerdo responde a este compromiso, y viene a simplificar, acelerar y a hacer más efectivas las reclamaciones de los ciudadanos". "Se suprimen así los costes derivados de la reclamación y se aceleran las pesquisas y los trámites", sostuvo.
SE CUMPLE EL COMPROMISO
Con la aprobación del acuerdo, el Ejecutivo pretende actuar "en interés de los pasajeros afectados agilizando la tramitación de las reclamaciones y facilitando el ejercicio de los derechos que los pasajeros pudieran ostentar". De esta forma --subrayó De la Vega-- el Gobierno cumple el compromiso anunciado por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el pasado 10 de agosto en el Congreso.
Álvarez también anunció entonces la apertura de un expediente administrativo sancionador contra Iberia por "infracción grave" en la seguridad aérea.
Los pasajeros interesados en acogerse a esta medida cederán a AENA todos los derechos y acciones que ostenten por la cancelación de vuelos, pérdida o destrucción de equipaje. AENA ejercerá esos derechos para exigir indemnizaciones a los responsables del incidente. No obstante, la vicepresidenta agregó que "el pasajero podrá paralelamente ejercer su derecho a la reclamación si así lo estima, por todos aquellos conceptos y cuantías que AENA no lo haga".
Para subrogarse a AENA, el pasajero deberá presentar una oferta de cesión de sus derechos y acciones, en el plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo. A tal efecto, AENA facilitará a los pasajeros un documento normalizado de cesión, indicando la documentación necesaria a adjuntar por el interesado.
INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS
En los próximos días, AENA difundirá en los principales medios de comunicación los canales donde se darán a conocer la relación de los vuelos cancelados y toda la información necesaria para la aplicación de esta medida.
Además, los pasajeros que opten por desarrollar sus acciones de forma individual y directa tienen a su disposición una unidad específica de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, para tramitar las reclamaciones a las compañías, así como para controlar y realizar un seguimiento de las mismas. El objetivo es "garantizar el cumplimiento legal de los derechos de los pasajeros".
"Con este acuerdo hemos actuado a favor de los afectados, garantizando los derechos que les corresponden según lo establecido en la legislación. Facilitamos, agilizamos, abaratamos y proponemos soluciones efectivas para que los responsables paguen y los afectados cobren cuanto antes por los perjuicios ocasionados", concluyó De la Vega.
