Rechaza eliminar las ayudas a la destilación y solicitará entre 10 y 15 años para el fin del esquema de derechos de plantación
BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, pedirá más tiempo para acometer la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino en el Consejo de Agricultura del lunes que viene y se opondrá al planteamiento de arrancar 400.000 hectáreas de viñedo en el primer debate que celebrarán los ministros europeos sobre la reforma del sector.
Espinosa expondrá la posición española ante una reforma que la Comisión quiere tener cerrada en diciembre para aumentar la competitividad del sector vitivinícola europeo, con medidas que pasan por disminuir la superficie de cultivo y por eliminar las medidas de apoyo al mercado, entre otras. Antes de la reunión con sus homólogos, la ministra mantendrá una reunión bilateral con la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, a la que expresará sus impresiones.
Fuentes españolas indicaron hoy que, en términos generales, el Gobierno considera que aunque la reforma es "necesaria" para frenar la pérdida de competitividad de un sector confrontado al empuje de los vinos del nuevo mundo, "no es urgente", mucho menos cuando ya no existe la presión de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha. Por eso, sería necesaria una mayor "reflexión" en torno a la reforma de uno de los sectores más importantes de la agricultura europea.
Los ministros debatirán por primera vez sobre la comunicación que presentó la Comisión el pasado mes de junio, para enriquecerla y dar lugar a una propuesta legislativa.
TIPO DE REFORMA.
En primer lugar, serán interrogados sobre si prefieren que la reforma siga el esquema de las reformas de otros sectores con ayudas desacopladas, un esquema de pago único y la abolición de medidas acompañadas de un sistema de apoyo, o la opción de liberalizar en una sola fase el sector, con la total eliminación de cualquier tipo de medidas de apoyo al mercado.
En este caso, la posición española consiste en tomar algunos aspectos de la primera opción, aunque rechazando de plano el arranque de viñedos o la "desaparición brusca de medidas de intervención del mercado", dijeron las fuentes, que destacaron como uno de los elementos "irrenunciables" para el Gobierno las ayudas para el zumo de uva.
Por otra parte, el Gobierno estaría dispuesto a aceptar algunos aspectos de la segunda opción, la más directa hacia la liberalización, como la eliminación de algunas medidas de apoyo, siempre que se reconviertan en otro tipo de medidas. En términos generales, las fuentes indicaron que "España está dispuesta a estudiar todo lo que permita mantener el viñedo y el sector".
En segundo lugar, se preguntará la opinión de los Estados miembros sobre medidas como el arranque de viñedos o la eliminación de medidas de apoyo al mercado -como las ayudas a la destilación_y si ésta debería ser directa o progresiva.
Por lo que respecta a reducir la superficie de cultivo, las fuentes indicaron que España se niega a que el arranque sea "el eje fundamental de la reforma" y que, en todo caso, no se deje la elección en manos de los productores, debido a que es una opción "tentadora" porque está apoyada con un pago único. En su lugar, la reducción la debería regular cada Gobierno, en base a determinadas "condiciones".
Añadieron que "el arranque es un riesgo para el medio ambiente, es insuficiente y no contribuye a mejorar la competitividad", por que se prevé que se abandonarán las tierras menos rentables, lo que no redundará en el aumento de la competitividad.
España coincide en este punto con otros países productores, por lo que confía en que la reforma no contemplará finalmente la reducción de 400.000 hectáreas que pretende la Comisión y de las cuales, según los cálculos más negativos, afectaría a 130.000 hectáreas españolas, aunque podría llegar incluso a las 200.000, según las fuentes que, no obstante, no quisieron contemplar esta posibilidad puesto que se trabajará para que éste no sea el resultado.
APOYO AL MERCADO.
Por lo que respecta a la eliminación de medidas de apoyo al mercado, las fuentes dijeron no entender el interés de Bruselas por terminar con las ayudas a la destilación, subrayaron que hay que diferenciar los efectos de cada una de las medidas de mercado y propusieron que esta eliminación sea progresiva.
Insistieron en que "no todas las medidas son iguales" y que no todas se destinan a "sacar la producción al mercado", sino para ayudar a la distribución, como la elaboración de zumo de uva o la producción de alcoholes de uso de boca.
España estima que las medidas de apoyo deberían incluirse en el menú de opciones que cada Gobierno podrá incluir en sus "sobres nacionales", donde se mantendrán "en una primera etapa" y las más distorsionadoras para el mercado podrán reconvertirse en otras que lo sean menos.
En su primer documento sobre la reforma, la Comisión planteó también la supresión de los derechos de plantación que, según las fuentes, durante años han obligado a hacer grandes inversiones a los productores y a arrancar cultivos ilegales. Por este motivo, España cree que esta medida no sería justa ni para quienes compraron derechos ni para los que arrancaron sus viñedos y pide su desaparición en un "plazo razonable", de entre 10 y 15 años, para permitir que los productores amorticen su inversión.
NORMAS FLEXIBLES
Por otra parte, Espinosa subrayará la posibilidad de introducir "flexibilidad" en las normas europeas para la producción del vino, relativas, por ejemplo, a la adición de agua o virutas de madera de roble, puesto que estas prácticas no se permiten a los productores europeos pero sí la importación de vinos de países terceros elaborados con estas técnicas, lo que considera un perjuicio para la competencia española.
La tercera y última pregunta a la que responderán los ministros guarda relación con la posibilidad de transferir parte del presupuesto de la OCM del vino a políticas de desarrollo rural, algo a lo que España se opone de plano, al considerar que ya es suficientemente reducida la aportación a este sector como para derivar parte de ella a otros fines.
Estos son algunos de los argumentos que expondrá Espinosa en el primer debate sobre la reforma del vino que celebrarán los ministros europeos de Agricultura y en el que, en términos generales, cuenta con el apoyo de otros países productores como Francia, Italia, Grecia o Portugal, indicaron las fuentes.
Asimismo, constataron con "agradable sorpresa" que países como Reino Unido e Irlanda, que han manifestado que deberían ser los países productores los que encabecen las negociaciones sobre la reforma de un sector que les concierte particularmente.
No obstante, apuntaron que la reforma se aprobará con una mayoría cualificada de los Estados miembros que es "muy fácil" de conseguir, puesto que son más los países no productores que los productores.
