Aica acata la sentencia del Constitucional, pero controlará el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria

Publicado: martes, 4 julio 2017 18:42


El Tribunal considera "inconstitucional" que tenga la atribución en exclusiva del establecimiento y desarrollo del control sobre el cumplimiento de la ley

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) acata la sentencia del Tribunal Constitucional, que rechaza su exclusividad en el control de la cadena alimentaria, pero ha señalado que seguirá controlando el cumplimiento de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, para mejorar el funcionamiento de la citada cadena.

En concreto, Agricultura ha indicado que la agencia puede realizar comprobaciones de denuncias que reciba por incumplimientos de ley, e iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Constitucional ha considerado "inconstitucional" que la agencia tenga la atribución en exclusiva del establecimiento y desarrollo del régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de la cadena.

Desde su creación, la Aica ha recordado que "no" ha actuado nunca ejerciendo la potestad sancionadora en los supuestos en los que no le corresponde hacerlo, respetando, por tanto, las competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia.

A lo largo de los más de tres años de funcionamiento se han ido aprobando sucesivamente planes de control donde se incluyen los criterios utilizados para seleccionar sus actuaciones inspectoras. Dichos planes únicamente contienen las actuaciones inspectoras de Aica en el ejercicio de la potestad sancionadora que le corresponde a la Administración General del Estado, en virtud del artículo 26.1 de la Ley 12/2013.

De esta forma, los expedientes sancionadores en tramitación no se ven afectados por esta sentencia del Constitucional, en tanto en cuanto se ajustan al ese artículo y lo mismo sucede con las sanciones impuestas por incumplir la ley de la cadena, que a 30 de junio ascienden a 686 por valor de 8,2 millones de euros.

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