Defiende que el peso de cada Hacienda debe ser "determinante" a la hora de afrontar el pago de la sanción
VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha afirmado que, si el Gobierno vasco estuvo a "cobrar" las denominadas vacaciones fiscales, "tendrá que estar también a pagar" la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE.
En rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Diputados, De Andrés se ha referido, de esta manera, a la multa de 30 millones impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas.
De Andrés ha insistido en su propuesta para que el Gobierno vasco asuma el 70% de la sanción, criterio que responde al abono de los ingresos que cada administración registró por ese concepto y ha señalado que, si "estuvo a cobrar", también tendrá que estar "a pagar" y, si no, debería "devolver" a Álava lo que ingresó por este concepto --un total de 224 millones de euros--.
Tras subrayar que la sentencia "no realiza una evaluación individualizada de las causas que le conducen a poner la sanción, sino que hace una valoración general", ha señalado que también "elude explícitamente la pretensión de individualizar el grado de incumplimiento que hubiera podido haber por parte de las distintas administraciones" implicadas.
También ha señalado que lo que sanciona la sentencia es que el 27 de agosto de 2008 no estuvieran recuperadas todas las ayudas que se declararon ilegales, dato que ha calificado de "relevante" porque, en esa fecha, la responsabilidad era "común" para las tres haciendas vascas. "Esto influye para adoptar decisiones ulteriores a la hora de pagar la sanción", ha defendido.
Sin embargo, ha afirmado que prefiere abordar este tema internamente y cree que el abono de esta sanción tiene que estar relacionado con los ingresos que cada institución ha tenido por este concepto, como establece las normativa sobre el reparto de ingresos entre las instituciones vascas. "El peso de cada Hacienda debe ser determinante a la hora de afrontar el pago de la sanción", ha reiterado para afirmar que "esto es lo sensato".
Asimismo, ante la posibilidad de que existan "responsabilidades políticas" ha recordado que desde el año 2008 -- legislatura en la que gobernaba el PNV-- se han celebrado elecciones, por lo que ha rechazado responsabilizar "a nadie", aunque "las fechas son las que son".
"El hecho sancionado se produjo el día 27 de agosto de 2008, en ese momento había una fuerza política gobernando en los tres territorios vascos", ha indicado.
"MENOS MALA"
Para el diputado general, la sentencia "no se puede calificar de satisfactoria o favorable pero sí de menos mala" porque la sanción propuesta por la Comisión era "más del doble" y cree que los términos en los que se expresa la sentencia muestra que "no cuestiona la competencia fiscal de las Haciendas vascas".
Respecto a la cantidad de la multa, De Andrés ha destacado que ésta es inferior a la propuesta inicialmente por la Comisión Europea (65 millones de euros) y a la planteada por la abogada general del TJUE (50 millones de euros).
"La sentencia fija la multa en 30 millones, una sustancial rebaja motivada por las decisiones que se tomaron en la Diputación alavesa, y en el resto, para intentar aclarar este asunto", ha defendido para subrayar que las decisiones tomadas en Álava "han servido para que no haya una multa coercitiva".
Finalmente, ha recordado que el Gobierno central es quien tiene que hacer frente a la sanción en un plazo no superior a seis meses, y que Álava ya reservó en sus presupuestos un partida de contingencias para hacer frente a esta sanción.
