Ambas comunidades reclaman incluir los costes reales de la Ley de Dependencia y advierten de que no cederán ante ningún "ultimátum"
VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rubricaron hoy un acuerdo para la defensa de criterios comunes en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y que se basan en los principios "basicos" de suficiencia, igualdad y corresponsabilidad fiscal.
En el encuentro, que se prolongó durante una hora y 15 minutos y que se desarrolló en el Palacio de La Asunción, sede de la Presidencia de Castilla y León, ambos dirigentes compartieron su "profunda preocupación y pesimismo" ante la negociación del modelo de financiación que lleva a cabo el Gobierno de España.
Asimismo, Herrera y Feijóo defendieron el carácter "multilateral" del mencionado proceso, al tiempo que aseguraron que ni Castilla y León ni Galicia cederán a la aprobación de un nuevo modelo en base a "urgencias políticas" y actuaciones de "ultimátum".
Juan Vicente Herrera, quien recordó que Castilla y León ya tiene una declaración "similar" con Asturias, tachó de "disparate", "falta de respeto" y "frivolidad" que tras mantener una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, el pasado viernes, en la que ésta no aportó datos, se conozca posteriormente una nueva cantidad adicional, en referencia a los 12.000 millones de euros avanzados por la Generalitat catalana, una situación que tachó de "tomadura de pelo".
Tanto Herrera como Feijóo manifestaron su desconocimiento sobre las líneas básicas de lo que será el futuro modelo de financiación autonómica, ya que las comunidades no han recibido documentos desde el pasado 30 de diciembre de 2008 en los que se detallen los fondos que finalmente se incluirán en el reparto. "A siete días de la firma de un pacto no conocemos el fondo", señaló el presidente de la Xunta.
"LOS ÚLTIMOS EN LEVANTARSE"
De este modo, el presidente de la Junta de Castilla y León aseguró que ambas regiones serán "los últimos" en levantarse del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en su defensa por la "multilateralidad", al tiempo que garantizó que no consentirá que los castellanoleoneses "sean menos que nadie", una premisa que, como advirtió, la llevará "hasta las últimas consecuencias".
Por su parte, el presidente de la Xunta incidió en que la negociación del futuro modelo de financiación autonómica es una cuestión de Estado e insistió en que no es posible que "unas comunidades autónomas pierdan y otras ganen", por lo que reiteró su defensa los principios de suficiencia, igualdad y corresponsabilidad fiscal.
Feijóo criticó la "opacidad" y "descoordinación" del Gobierno en esta negociación y destacó la importancia de que se tenga en cuenta el gasto real en el reparto de fondos para que prime, de este modo, el "coste" y no "el censo".
El presidente de la Xunta acusó al Gobierno central de no ejercer su labor de "arbitraje" entre comunidades con el fin de alcanzar un acuerdo en este sentido y aseguró que algunas comunidades "se llevan lo que es de todos con la incentivación del Gobierno de España", lo que provocará, a su juicio, que haya regiones que "salgan antes" de la crisis al contar con más fondos.
PROTOCOLO
El documento rubricado hoy en Valladolid es el primero de estas características respaldado por Galicia y el segundo de Castilla y León, que ya firmó uno similar, aunque menos concreto, con Asturias en 2008.
Así, el documento detalla que la reforma del vigente modelo de financiación deberá desarrollarse atendiendo a unos criterios concretos que se ciñen, en todo caso, al "pleno" respeto de la Constitución y al principio de igualdad de los españoles "con independencia de donde vivan".
Herrera y Feijóo establecieron como uno de los puntos básicos de este protocolo su defensa de un acuerdo multilateral alcanzado en el marco del CPFF y que busque el consenso de todas las comunidades, algo que, como recordaron, se consiguió en el modelo vigente y aprobado en 2001.
A juicio de Castilla y León y Galicia el nuevo modelo debe incorporar los costes reales derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, al tiempo que incide que en el número de habitantes no debe ser la única variable a la hora de fijar necesidades financieras.
De este modo, el texto establece la necesidad de que "ganen importancia" en el modelo variables como la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la emigración y la baja densidad. Así, ambos gobiernos introdujeron en el documento su consideración de que parámetros como la dispersión no deberían pesar menos del 1,2 por ciento en la determinación de la población equivalente.
Asimismo, ambos dirigentes defendieron que los recursos tributarios que se destinen al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales no pese menos del 85 por ciento e introdujeron su defensa de que se tenga en cuenta el factor de la emigración, que supone el 15 por ciento de los gallegos y el cinco por ciento de los castellanoleoneses.
PRINCIPIO DE LEALTAD
Herrera y Feijóo también respaldaron la necesidad de que si el Gobierno tiene en cuenta el incremento de la población se tenga analice también el incremento de los recursos es esas comunidades como consecuencia de los tributos que pagan los ciudadanos, ya que "la recaudación real deberá ser ajustada".
Por último, el protocolo defiende la efectividad del principio de lealtad y la potenciación del Fondo de Compensación Interterritorial y su defensa de que la reforma del sistema de financiación garantice como mínimo el peso relativo en la financiación total que les atribuye el actual sistema --el 6,8 en el caso de Castilla y León y el 7,1 en el caso de Galicia--.
