BUENOS AIRES, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Gobierno argentino, Cristina Kirchner ha hablilitado hoy al Ministerio de Planificación como "organismo expropiante" para iniciar los trámites de expropiación de las compañías Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo Marsans, según informa hoy el diario 'La Nación'.
El Boletín Oficial del Estado argentino publica hoy el decreto que articula esta decisión y que establece también la designación de un comité para administrar la aerolínea de bandera.
El Congreso argentino aprobó el pasado 17 de diciembre la ley de expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, gestionadas por el Estado desde el pasado mes de julio, cuando se firmó un acta acuerdo de traspaso de las acciones de las dos empresas.
Tras la publicación del decreto en el Boletín Federal, el Ministerio de Planificación Federal queda habilitado para "llevar adelante todos los actos y gestiones necesarios" a los fines determinados por el Congreso el pasado 17 de diciembre, cuando el Estado argentino quedó habilitado para iniciar un juicio para la expropiación de ambas empresas.
A partir de este decreto, la presidenta ordena la creación de una comisión administrativa gestionada por la Secretaría de Transporte para iniciar el proceso y con el fin de garantizar "la continuidad y seguridad del servicio" de Aerolíneas, el mantenimiento de las casi 9.000 fuentes laborales en esas empresas y el "resguardo de los bienes" de las compañías.
Esta unidad, explica la publicación, "ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren hasta tanto finalice el proceso". "La instrumentación de todos los actos y gestiones necesarias para la toma de posesión de todos los bienes sujetos a expropiación deberá realizarse con la previa intervención de la Escribanía General del Gobierno argentino", señala el texto del decreto.
La presidenta instruyó además a la Procuración del Tesoro a "presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que, los actuales accionistas mayoritarios" de Aerolíneas y sus subsidiarias "o aún terceros, hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".
También se solicita al mencionado comité denunciar "los eventuales hechos ilícitos que llegaran a su conocimiento por dicha gestión, así como a iniciar las acciones civiles y comerciales que correspondan a fin de recuperar el patrimonio afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los administradores".
El decreto autoriza además a la cartera de Planificación a ceder a los trabajadores de Aerolíneas una participación accionarial de hasta un 10% una vez concretada la expropiación.
UNA LARGA DISPUTA
El Gobierno de la presidenta Fernández y el grupo Marsans firmaron el pasado mes de julio un acta acuerdo para la venta de las acciones de las empresas al Estado, pero el proceso nunca llegó a buen término, debido a la diferencia entre las valoraciones del patrimonio de las empresas realizadas por los auditores de ambas partes.
Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un precio negativo de 832 millones de dólares, Marsans sostenía que las empresas tenían un valor de unos 400 millones de dólares, con arreglo a un informe del banco privado Crédit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de caja y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.
Marsans, contrario a la expropiación, ha anunciado que en caso de concretarse recurrirán a tribunales nacionales y al CIADI, el tribunal de resolución de controversias que depende del Banco Mundial, para reclamar una indemnización de hasta 1.500 millones de dólares (1.179 millones de euros).
Las dos compañías aéreas fueron vendidas a la española Iberia en 1990 durante la presidencia del peronista Carlos Menem, y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar.
