MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones empresariales acaparan un 40% de las inscripciones en el nuevo registro de 'lobbies' de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que ya figuran más de 230 particulares y organizaciones.
Según consta en el propio registro, el número de asociaciones profesionales inscritas asciende a 95, entre las que figuran los 'lobbies' de referencia de sectores que van desde el motor (Anfac), la electricidad (Unesa) o los seguros (Unespa) hasta el juego (Anesar) o los cuidadores de jardines (Aseja).
Las empresas que se han inscrito de forma independiente apenas ascienden a 20. Entre ellas las más conocidas son BlaBlaCar, Siemens Healthcare, British American Tobacco y EasyJet, así como la agrupación de empresas Multinacionales por la Marca España.
Junto a las asociaciones empresariales, otro grupo amplio de inscritos lo configuran las entidades a las que la CNMC cataloga como de servicios de consultoría y asesoramiento. En esta categoría se encuentran las principales agencias de comunicación y relaciones públicas del país, así como consultoras de perfil jurídico y empresarial.
El registro recoge además 42 organizaciones no gubernamentales, de las que la mayor parte, 38, son fundaciones. Desde la organización de consumidores OCU hasta la Confederación Española de LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) o el Consejo Español de Defensa de Discapacidad y Dependencia aparecen en esta categoría.
También se han acercado a la CNMC un total de once organizaciones del ámbito científico y de la investigación, según los cálculos del regulador, que ha sido pionero en España en el desarrollo de un registro de este tipo.
CONTROL DE GRUPOS DE INTERÉS.
El organismo presidido por José María Marín Quemada defiende la iniciativa por procurar transparencia y control sobre la actividad de los distintos grupos de interés, a la que considera legítima e incluso necesaria.
El objetivo del registro, señala la CNMC, es crear un mecanismo institucional que permita alejar la capacidad de cualquier grupo para influir al regulador de forma improcedente, contraria o no exactamente alineada con los intereses generales.
El registro, de carácter voluntario, obliga a las asociaciones a identificar los intereses que representan, a las personas que ejercen de interlocutores y las empresas o participantes que conforman la organización.
