MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incrementado en 117,9 millones de euros las fianzas impuestas en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos de Pescanova, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas.
En un auto hecho público este jueves, el magistrado alza las responsabilidades pecuniarias hasta alcanzar la suma de los perjuicios que reclaman las acusaciones que se personados después de enero de 2014 y que, según los cálculos efectuados, alcanza un total de 88,4 millones más el tercio establecido por la ley.
Con este incremento, la suma total que deben satisfacer de forma solidaria los imputados asciende a 274,4 millones de euros. Entre ellos, se encuentra el ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, que el magistrado considera "máximo responsable" de las irregularidades en la empresa que dirigía.
También se encuentran imputados los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas; los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.
Todos ellos cuentan ahora con un plazo de 10 días para depositar la caución y, de no hacerlo en el plazo establecido, el juez procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente pata cubrir la citada cantidad. Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba considera que los administradores de Pescanova "valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.
Entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa.
En marzo de 2013 quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.
VENDIÓ ACCIONES ANTES DE LA QUIEBRA
En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6.
Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.
