BRUSELAS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Fomento, José Blanco, espera lograr en el Consejo de Transportes de la UE un acuerdo sobre la nueva norma para investigar accidentes aéreos, cuya principal novedad es que obligará a las aerolíneas a acelerar la publicación de la lista de pasajeros en caso de siniestro. Blanco explicó que el reglamento es "importante" para España.
"Es un tema importante. España es muy sensible a esta directiva y en este sentido vamos a hacer un esfuerzo en la reunión para alcanzar un acuerdo", afirmó Blanco en declaraciones a la prensa antes de presidir la reunión.
"Vamos a tratar de desbloquear aquellos asuntos donde tenemos alguna diferencia", explicó el ministro de Fomento. "Sustancialmente estamos todavía pendientes de decidir el tiempo en el que se debe remitir la lista de pasajeros. Yo creo que podemos alcanzar un acuerdo sobre ello y vamos a hacer ese esfuerzo", apuntó.
Las opciones sobre la mesa son una hora o dos horas después de la comunicación del siniestro. "España prefiere que se pueda facilitar lo antes posible", dijo Blanco.
La norma responde a la petición realizada por España tras el accidente aéreo de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 20 de agosto de 2008, en el que murieron 154 personas. El Gobierno quiere evitar así que se repita el retraso en publicar la lista de pasajeros que ocurrió en este siniestro.
"El accidente de Spanair fue un claro indicador de los problemas que pueden plantearse. Las familias y las autoridades tuvieron que esperar demasiado tiempo para tener la lista completa de pasajeros", explicó la portavoz de Transportes del Ejecutivo Comunitario, Helen Kearns.
Los ministros de Transporte todavía deben pactar este jueves el plazo que se dará a las compañías aéreas para entregar a las autoridades competentes una lista de todas las personas que se encontraban a bordo del avión. La lista no se publicará hasta que todos los familiares hayan sido informados, y los Estados miembros pueden decidir mantenerla confidencial.
El nuevo reglamento creará una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil, que coordinará y consolidará la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y llevará a cabo tareas como la armonización de las actividades de formación. La investigación de un accidente seguirá siendo competencia nacional, pero un país podrá pedir apoyo a la Red para cuestiones especializadas.
Los Veintisiete tienen que acordar todavía cuál será el papel exacto de la AESA en esta red porque algunos países no quieren que interfiera en competencias de seguridad exclusivas de los Estados miembros. El otro punto pendiente de pactar entre los ministros de Transporte es cómo garantizar una cooperación adecuada entre las investigaciones civiles y las judiciales de los accidentes.
La norma persigue reforzar el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad resultantes de las investigaciones sobre accidentes. Establecerá la obligatoriedad de evaluar cada recomendación, responder en un plazo máximo de 90 días, y justificar cualquier negativa a aplicarla. También se propone la creación de una base de datos europea de recomendaciones de seguridad.
El reglamento afianzará también los derechos de las víctimas de accidentes aéreos mediante normas comunes que requerirán la prestación de ayuda rápida y organizada en caso de accidente. Se garantizará a las víctimas y a sus familias el derecho a una información fidedigna sobre el curso de la investigación.
NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS.
Los ministros de Transportes de los 27 ratificarán además su voluntad de cerrar en junio la segunda fase del acuerdo de 'cielos abiertos' con Estados Unidos para liberalizar el tráfico aéreo entre ambos lados del Atlántico.
Los principales escollos pendientes son la exigencia norteamericana de que la UE flexibilice sus normas para permitir la entrada de sus aviones más ruidosos y la demanda europea de que Washington suprima las restricciones que impiden a compañías comunitarias comprar aerolíneas norteamericanas.
La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas del 23 al 25 de marzo y las dos partes han demostrado "buena voluntad" para avanzar, según explicaron fuentes de la presidencia española.
