MADRID, 25 Nov. (EDIZIONES) -
El ministro de Energía, Turismo y agenda digital, Álvaro Nadal, acaba de presentar a los grupos parlamentarios un nuevo mecanismo de financiación del bono social de la luz. Con él pretende cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y evitar al mismo tiempo que el coste de esta ayuda recaiga sobre el conjunto de los consumidores eléctricos. El nuevo bono social lo pagarán todas las comercializadoras. Descubre aquí las fechas clave de esta controvertida ayuda a los consumidores vulnerables:
26 de junio de 2003. La directiva comunitaria 2003/54/CE sobre norma comunes para el mercado eléctrico apela a la necesidad de fijar una protección adicional a los consumidores vulnerables para garantizar el derecho al suministro de electricidad.
Abril de 2009. El Gobierno aprueba, en la etapa de Miguel Sebastián como ministro de Industria, el real decreto ley 6/2009, en el que se recogen medidas como la creación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), el final de las tarifas integrales, el nacimiento de las comercializadoras de luz y el nuevo bono social de la luz, destinado a "proteger la seguridad jurídica y confianza legítima de los consumidores más desprotegidos".
26 de junio de 2009. En una resolución, la Secretaría de Estado de Energía determina los criterios de esta ayuda. Beneficiará a cuatro colectivos, que son pensiones mínimas, familias con todos los miembros en paro, potencias inferiores a 3 kW y familias numerosas. La ayuda consistirá en una congelación de la tarifa, que queda fijada en los niveles de 2009.
Septiembre de 2009. Las cinco grandes eléctricas recurren ante el Tribunal Supremo la regulación sobre el bono social. El artículo 2 del real decreto 6/2009 dice que la financiación será compartida por "las empresas titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico". Posteriormente, se identifican cinco empresas, las grandes eléctricas, que son las encargadas del suministro de último recurso. Las compañías denuncian la medida por discriminatoria. ¿Por qué solo ellas tienen que hacer frente al esfuerzo?
Marzo de 2012. El Supremo da la razón a Iberdrola y dice que las cinco grandes compañías eléctricas no deben financiar el bono social por resultar "discriminatorio". Si quiere cargar el coste sobre las empresas, Industria deberá afinar la metodología. En ese momento, el importe de la ayuda era de unos 150 millones al año.
Marzo de 2012. El Ministerio de Industria, dirigido ahora por José Manuel Soria, publica una orden ministerial en la que cumple dos sentencias del Supremo. La primera obliga a aplicar una refacturación al alza de la luz del 7% durante todo el año por no haber elevado los peajes para hacer frente a los crecientes costes del sistema. La segunda se refiere al bono social: su coste pasará ahora a la factura de la luz, de modo que todos los consumidores se harán cargo del mismo.
Diciembre de 2013. Se publica la nueva Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013. En su artículo 45, se habla de los consumidores vulnerables y del bono social. La norma dice que la ayuda se asociará a "un indicador de renta per cápita familiar", pero esta novedad nunca llegó a aplicarse. De nuevo, las eléctricas deberán financiar el bono social. Ahora la definición es más sofisticada. En concreto, lo harán las empresas verticalmente integradas en proporción al número de suministros en sus redes de distribución y del número de clientes. Otra forma de referirse a las grandes empresas.
Noviembre de 2014. El Gobierno aprueba un real decreto con la metodología para calcular los porcentajes de reparto del coste del bono social. Además, limita el descuento máximo de esta ayuda al 25%. Anteriormente, consistía en una congelación de los precios de 2009 que, cinco años después, se había convertido en un descuento del 26%.
Octubre de 2015. Industria publica una orden ministerial en la que se distribuye el coste del bono para 2016. El coste lo asumen 27 empresas, pero las grandes eléctricas se hacen cargo del 99% del importe. Endesa pagará el 41,25%, frente al 38,25% de Iberdrola, el 14,41% de Gas Natural Fenosa, el 3,1% de EDP España y el 2,21% de Viesgo.
27 de octubre de 2016. El Supremo da la razón a Endesa y Viesgo anula el nuevo mecanismo de reparto. En concreto, lo considera discriminatorio para 2014. Las empresas tendrán derecho a una indemnización. Se da por hecho que deberán recuperar el dinero empleado en 2014, 2015 y 2016, lo que asciende a unos 500 millones de euros. La ayuda a los colectivos vulnerables queda en el aire.
24 de noviembre de 2016. El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, acude al Congreso a presentar a los partidos políticos el nuevo mecanismo de financiación del bono social. No serán los consumidores quienes asuman el coste, sino el conjunto de empresas comercializadoras de electricidad. La medida se articulará a través de un real decreto ley del Gobierno que ha de ser convalidado por el Parlamento. Nadal dice haber hallado "consenso" entre los partidos.
